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La Asamblea Legislativa aprobó una reforma integral a la Ley de Tránsito y al Código Penal que endurece las sanciones administrativas y penales contra quienes conduzcan con presencia de alcohol o bajo los efectos de drogas ilícitas.
El expediente 23.405 introduce nuevas definiciones legales, entre ellas la de drogas ilícitas y metabolitos psicoactivos, lo que permite sancionar no solo el consumo directo, sino también los efectos activos que permanecen en el organismo, salvo en casos de sustancias utilizadas bajo prescripción médica.
La reforma mantiene la multa categoría A de ¢280.000 para quienes conduzcan con alcohol por encima de los límites permitidos o bajo los efectos de drogas ilícitas o sus metabolitos. Además, sanciona a los conductores que se nieguen a someterse a las pruebas de alcohol o drogas requeridas por las autoridades de tránsito.
También se establece responsabilidad solidaria para el propietario del vehículo que permita que una persona sin licencia, ebria o drogada conduzca su automotor.
El texto legal amplía y detalla los procedimientos de control en carretera. Las autoridades podrán aplicar pruebas de aire espirado para alcohol y fluido oral para detección de drogas, las cuales tendrán carácter indiciario. En caso de resultados positivos o negativa a someterse a las pruebas, el conductor podrá ser remitido al Ministerio Público.
Las pruebas deberán practicarse dentro de las tres horas posteriores al reporte del hecho, tanto en accidentes como en controles rutinarios. Si la persona no puede aportar la muestra requerida, se autoriza el traslado a un centro médico para la toma de sangre.
La reforma eleva las consecuencias penales en casos de conducción temeraria, homicidio y lesiones culposos cometidas bajo efectos de alcohol o drogas.
Consecuencias administrativas
• Multa de ¢280.000 (categoría A), la más alta de la Ley de Tránsito.
• Acumulación de puntos en la licencia.
• Suspensión del permiso de conducir, según reincidencia y valoración administrativa.
Si hay lesiones o muerte
• Lesiones culposas: prisión de 3 meses a 3 años e inhabilitación para conducir de 1 a 3 años.
• Homicidio culposo: prisión de 1 a 10 años e inhabilitación para conducir de 3 a 7 años.
• Las penas aumentan si el conductor es reincidente, profesional o novel.