Endurecen penas contra crimen organizado por delitos ambientales

Los grupos dedicados de manera organizada a cometer delitos ambientales enfrentarán penas de prisión más severas, luego de que los diputados dieran luz verde a una reforma que busca fortalecer las herramientas para combatir este tipo de estructuras criminales.

La iniciativa reforma distintas normas relacionadas con la protección de la vida silvestre, los bosques, los recursos pesqueros, las tortugas marinas y la actividad minera. El expediente corresponde a la “Reforma a varias leyes para fortalecer la lucha contra el crimen organizado en materia de delitos ambientales”.

El diputado Antonio Trejos Mazariegos explicó que el cambio pretende superar una limitación existente en la legislación, pues para que determinadas conductas sean consideradas delitos graves dentro del régimen de delincuencia organizada deben alcanzar el umbral correspondiente de prisión.

“Aquí estamos elevando las penas de varios delitos ambientales para que entren dentro de este fenómeno”, señaló durante la discusión.

Apuntan contra redes detrás de los delitos

La reforma pretende alcanzar no solamente a quienes ejecutan directamente actividades ilícitas, sino también a las estructuras que las organizan, financian o se benefician de ellas.

Durante el debate, los diputados mencionaron actividades como la tala ilegal, el tráfico de fauna silvestre, la pesca ilegal y la minería ilegal, con especial énfasis en la situación de Crucitas.

“Cuando una organización criminal tala un bosque, trafica animales, fauna silvestre, el daño llega mucho más allá del árbol que cortaron o el animal que mataron”, manifestó.

Según explicó, las afectaciones pueden extenderse a comunidades que dependen del agua potable, el turismo sostenible, la pesca y otras actividades relacionadas con los recursos naturales.

Penas más altas

De acuerdo con lo expuesto durante el segundo debate, la reforma establece, entre otros cambios, penas de dos a cuatro años de prisión por comerciar, traficar, importar o exportar animales silvestres y sus productos sin los permisos correspondientes.

La sanción podría aumentar de tres a seis años cuando se trate de especies con poblaciones reducidas o incluidas en instrumentos internacionales de protección.

Además, se incorporan agravantes en materia forestal y pesquera cuando los hechos se desarrollen bajo condiciones relacionadas con delincuencia organizada.

El diputado José Miguel Villalobos explicó que la reforma alcanza delitos contemplados en la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, Ley Forestal, Ley de Pesca y Acuicultura, legislación sobre tortugas marinas y el Código de Minería.

Expertos analizan alcance de la reforma

La aprobación de la reforma también genera análisis entre especialistas en seguridad y criminología. Mientras se destaca que permitirá aplicar herramientas contra estructuras organizadas que lucran con recursos naturales, también se advierte que el endurecimiento de las penas está condicionado a la participación de grupos y no necesariamente a la magnitud del daño ambiental causado.

Karen Jiménez, directora de Ciencias Policiales de la UNED, considera relevante que la legislación reconozca que las actividades del crimen organizado trascienden el narcotráfico.

“Este proyecto busca precisamente cerrar esa brecha. Cuando estos delitos sean cometidos de manera organizada, se agravan las penas y se posibilita su abordaje mediante las herramientas previstas para combatir la delincuencia organizada”.

Para la especialista, el alcance de la reforma no debe verse únicamente desde la protección de los recursos naturales, sino también desde la persecución de los negocios ilícitos que se desarrollan alrededor de ellos.

Por su parte, el criminólogo Bernal Vargas señaló que históricamente ha existido una deuda en la legislación costarricense respecto a las sanciones por delitos ambientales, pues considera que en muchos casos las penas no guardan proporción con el daño ocasionado.

Vargas destacó el endurecimiento contemplado para delitos cometidos bajo estructuras organizadas, pero señaló que la reforma deja prácticamente intactas las penas cuando las conductas son realizadas individualmente.

“Lo que ataca el proyecto de ley es básicamente la cantidad de personas, no así el daño ambiental que se genera”.

Según el criminólogo, si el delito es cometido por una sola persona, las penas vigentes se mantienen, independientemente de la magnitud de la afectación ambiental.

No obstante, Vargas reconoció que existen delitos ambientales que pueden resultar especialmente atractivos para estructuras criminales, entre ellos el tráfico de especies.