Importaciones “ocultas” de frijol se encontraron dentro de las compras del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI) del Consejo Nacional de Producción (CNP).
Así lo revela un estudio elaborado por el Centro Internacional de Política Económica (Cinpe) de la Universidad Nacional (UNA) y es que se supone que el CNP debe dar prioridad a la producción nacional a través del PAI.
“Este tema es altamente sensible y refiere a dos o tres marcas muy concretas provenientes de asociaciones que se han dedicado a importar frijol desde Nicaragua y Estados Unidos”, indica el documento.
Además de tratarse de una cuestión sensible, el estudio revela que los encuestados, tanto en asociaciones como productores, se quejan de un trato desigual, de concentración de las compras y de criterios políticos a la hora de asignar las cuotas de compra del PAI a los distintos grupos.
“Nuestra recomendación al CNP es que elabore un programa de trazabilidad del frijol y que compre exclusivamente frijoles de productores nacionales a través del PAI”, concluye la investigación.
A criterio del Cinpe, hay que separar los requerimientos importados, los cuales deberían sacarse a subasta a través de procesos de contratación transparente y de forma pública.
“La trazabilidad de la producción es la única forma de evitar las filtraciones existentes y el encarecimiento del frijol a través del papel de intermediarios e importadores dentro de las asociaciones frijoleras”, argumentaron.
Se dice que es necesario que la Contraloría General de la República valore seriamente el impacto del sobreprecio de venta y los componentes de la cadena de valor agregado en el empacado y distribución de frijoles rojos y negros.
Rogis Bermúdez, expresidente del CNP, comentó a DIARIO EXTRA que no hay una prohibición explícita a comprar frijol importado. Sin embargo, el artículo 9 de la Ley 2035 y la reforma 8700 lo que dice es que se le debe dar prioridad, se debe procurar para que se favorezca en primera línea, a los productores de organizaciones nacionales.
“Hay una única excepción y es para cuando no hay suficiente producción nacional. El CNP incluso tiene la facultad para importar producto, puede hacer importaciones, entonces no es un impedimento colocar producto importado. En el país se producen 1,1 millón de quintales de frijol y producimos solo 250 mil quintales”, precisó.
No obstante, el economista Leiner Vargas, quien participó en la elaboración del estudio, destacó que en los reglamentos se especifica que el PAI está destinado a compras locales, a productores nacionales. “Si entran importaciones, tiene que ir a licitación pública”, añadió.
ALTOS PRECIOS POR
INTERMEDIARIOS
Otra de las conclusiones de la investigación es que existe entre un 20% y 25% de sobreprecio en la actualidad y que la distribución de dicho valor no necesariamente se asocia con la compra más alta de precios, sino con el accionar de intermediarios que venden o procesan el frijol con márgenes muy superiores a los que tiene el mercado.
“Este sobreprecio en términos de la oferta del mercado refleja también un margen de comercialización superior al requerido por el CNP, dado que sobre un costo inflado el margen es muy superior. Vale la pena considerar un análisis de cadena de costos e intervenir en los contratos y asignación de cuotas de compra, que claramente están generando ventajas no apropiadas para agentes y actores de la cadena de valor”, detalla el estudio.
Agrega que hay una diferencia marcada entre los productores y las asociaciones, cuya opinión dista mucho la una de la otra. La primera no es tan favorable como la segunda en torno al PAI.
Asimismo, se recomienda al CNP realizar cambios para mejorar y enfocarse en el objetivo sustantivo del programa, que es generar un mercado seguro y a precios justos para la oferta nacional de frijol proveniente de pequeños y medianos productores.
“Las filtraciones encontradas en la cadena nos hacen pensar que debería intervenirse el PAI y realizar los cambios necesarios para generar transparencia en la compra y trazabilidad de los costos y el origen de los productos distribuidos”, añade el documento.
También se dice que, en el caso de los consumidores finales, a estos no se les asigna el valor de la mejor manera, ya que tienen que pagar precios bastante elevados si se comparan con las ofertas del mercado.