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“No hay que ser experto en saberlo, sino solo ser observador para concluir que están destruyendo todo a su paso en el Cerro La Asunción. Cuando fuimos a hacer un inspección, encontramos gran cantidad de riachuelos que han sido secados o clausurados por la empresa a la que le acaban de dar la más grande concesión de piedra de nuestro país”, dijo ayer Ronaldo Blear, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Japdeva.
Blear explicó que ese sindicato como la mayoría de las comunidades de la zona se oponen a este proyecto por cuanto están poniendo en peligro el abastecimiento del agua en Limón. Además, porque esa concesión está viciada de un sinnúmero de irregularidades pues se aprobó a golpe de tambor por Geología y Minas del Ministerio de Ambiente y Energía.
Es por eso que interpusieron una medida cautelar ante el Tribunal Contencioso Administrativo, y estudian demandar a nivel personal a los funcionarios que la aprobaron ya que el interés público está por encima del interés privado de una empresa, misma que desea tener un megaproyecto para dotar de material a las grandes obras que impulsa el actual.
La semana pasada fueron a ver qué estaba sucediendo en el lugar, y encontraron en la calle de lastre que la empresa construye para sacar el material, muchos riachuelos habían sido secados, y otros desviados lo que les confirma que esa zona debe de ser protegida. “Ahí están los mantos de agua que alimentan de ese líquido a todos los limonenses. Están también las reservas de agua que ahora se encuentran en peligro”, comentó el sindicalista.
Para Blear si no es el Contencioso, será la Sala Cuarta o la presión de los limonenses que obligarán a la Secretaria Técnica Ambiental y a Geología y Minas a anular esa concesión.
“Una de los aspectos que más llama la atención es que esos terrenos son del Instituto Nacional de Desarrollo Rural (antiguamente Instituto Nacional de Desarrollo Agrario), o sea del Estado, y fue dada en posesión, pero eso no lo han demostrado, no hay lazo aparente ninguno entre el poseedor del plano y la sociedad a la cual se le dio el permiso”, explicó el sindicalista.
Comentó que tampoco aparece en el expediente ninguna certificación literal de la propiedad, ni inscripción en el registro, o condición para otorgamiento de la Viabilidad Ambiental.