Según el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) realizó una orden de pedido para encargar 3.300 unidades de gases lacrimógenos, las cuales tendrán un costo total de $294.591 (¢178.298.256).
Hay que recordar que durante las últimas semanas de protestas los oficiales de Fuerza Pública han utilizado decenas de estos proyectiles para realizar los levantamientos de bloqueos establecidos por los ciudadanos que se manifiestan contra el nuevo combo de impuestos que pretendía solicitar el presidente Carlos Alvarado.
MILLONARIA COMPRA
De acuerdo con el expediente de Sicop, la orden de compra para las 3.300 unidades de gases lacrimógenos se ejecuta mediante el número de orden de pedido 0822020000400716 dentro del cartel 2018LN-000013-0007100001 en que la empresa contratada es Inglesini y Compañía S.A.
Esta última le pertenece al empresario Aldo Inglesini Zeledón, quien es yerno de Antonio Álvarez Desanti, político y excandidato presidencial por el Partido Liberación Nacional (PLN). Esa compañía meses atrás se vio envuelta en un cuestionamiento por la compra de armas de fuego por parte del mismo ministerio.
En el documento digital se puede leer que el pedido de gases lacrimógenos lo hicieron el martes 13 de octubre y como fecha de notificación registra el jueves 15 del mismo mes.
La compra ya cuenta con las aprobaciones del departamento de Proveeduría, Dirección Financiera y del subdirector general de la Fuerza Pública, Reinaldo González Cubero.
En cuanto al bien que pretenden adquirir, en el Sicop se puede observar que se trata de proyectiles de gas calibre 37 milímetros, de la marca Combined Systems, modelo 3233, cuyo cartucho tiene un peso que no es superior a los 200 gramos. Además, la altura del artefacto es de 12.2 centímetros y se utiliza para ser disparado con una escopeta lanzagases.
DIARIO EXTRA intentó comunicarse con Soto para consultarle si dicho pedido ya fue cancelado en su totalidad o bien si el pago está pendiente. También la intención era que brindara una declaración respecto a la importante compra de esos gases lacrimógenos y en qué serán utilizados, sin embargo, al cierre de esta nota no respondió la consulta.
EMPRESA CUESTIONADA
Inglesini y Compañía S.A. es una empresa ya conocida por el Ministerio de Seguridad Pública y además cuestionada por la más reciente licitación que le adjudicaron para la compra de cerca de 6 mil armas de fuego para los cuerpos policiales de dicha entidad.
El Periódico del Pueblo informó en junio anterior que el 19 de marzo de 2020 un grupo técnico elegido por la Subdirección General de Fuerza Pública y la Asesoría Jurídica del MSP avaló que Inglesini y Compañía S.A. en consorcio con Electromecánica Pablo Murillo S.A. fuera el proveedor de las armas.
No obstante, dos meses después de que les adjudicaran la licitación, el director de la Fuerza Pública, Daniel Calderón Rodríguez, solicitó una investigación por aparentes irregularidades en uno de los requisitos de admisibilidad.
En este caso, los hechos se remontan al 4 de diciembre de 2019 cuando la entidad informó sobre una licitación pública para la compra de pistolas semiautomáticas calibre 9 milímetros mediante el Sicop.
En el cartel publicado señalaron que lo que requerían era un contrato bajo la modalidad de ejecución según demanda. Esto significa que no se establece una cantidad específica de artefactos por comprar ni un monto, sino que se fija un precio unitario que la institución pagaría conforme surja la necesidad.
Así las cosas, el costo por arma se estableció en ¢737.718,91 por un plazo de cuatro años siempre y cuando exista la disponibilidad presupuestaria.
En vista de que el consumo establecido como referencia es de 6 mil armas el monto de presupuesto estimado era ¢4.426.313.460.
Pese a que la adjudicación ya se había hecho y por los múltiples cuestionamientos el MSP inició un proceso administrativo para analizar el contrato de la licitación.
Incluso aseguraron que actuarían en dos vías: una de ellas era en sede administrativa, mientras que la segunda ante el Ministerio Público donde ahora se investiga el proceso que se ejecutó para esta oferta.
MINISTRO LO ADVIRTIÓ
Durante la última conferencia brindada sobre el tema, Michael Soto, ministro de Seguridad Pública, aseguró que se estaban reforzando y cuentan con suficientes gases lacrimógenos para seguir operando.
Además, expresó que estaban en proceso de adquirir más de estos artefactos para que en caso de que sea necesario repeler los ataques. Asimismo, el titular de esa cartera enfatizó que no ordenaría una intervención a la fuerza en los puntos conflictivos, pero no tolerará más violencia y se orientarían en facilitar el diálogo.
“Nos preocupa mucho que vaya a ocurrir una desgracia cuando una persona pueda perder la vida en estas incursiones. No es nuestro interés usar la fuerza en ningún bloqueo, la estrategia policial es pacífica para que las personas levanten y dialoguen”, dijo en ese momento. Pese a que en las últimas horas las autoridades reportan una relativa calma en las principales carreteras del país, durante los días de manifestaciones se reportaron al menos 100 policías heridos, robos de equipos y civiles afectados.