“En los delitos de tráfico de drogas no hay víctimas”

Marco Feoli, viceministro de Justicia, manifestó en una entrevista con DIARIO EXTRA que en los casos de narcotráfico no hay víctimas y que por esa razón se ha dejado ir a privados de libertad detenidos por tráfico al menudeo de drogas.

Afirmó además que el problema de los homicidios vinculados a las bandas de narcotraficantes ocurre porque la droga no es legal, “si las drogas fueran legales esto probablemente no sucedería”.

Feoli sale al paso de las críticas por las medidas adoptadas por Justicia de pasar a un régimen semiinstitucional (estar libre y dormir un día en un centro penal) a sentenciados por diferentes delitos.

Aquí, parte de la entrevista que concedió a este medio.

¿Qué les dice a las personas que han criticado la medida de pasar a un régimen semiinstitucional a privados de libertad?

– Hay varias cosas, yo dije una vez que no tienen el interés de ofender a nadie ni de insultar. Creo que aquí hay un componente de desinformación y de aprovecharse de la ignorancia de la gente para crear un clima de alarma social que es absolutamente injustificado. Yo lo que he dicho es que los regímenes semiinstitucionales existen en todos los países democráticos del mundo. Esto no lo estamos inventando nosotros. 

Nosotros no estamos liberando gente. Nosotros estamos trasladando personas de un régimen a otro. Yo entiendo que la gente no sepa cómo funciona el sistema penitenciario porque es complicado, porque tiene muchos programas, porque tiene muchos niveles. Cuando uno manda a una persona a la cárcel no se manda a la cárcel para que sufra un castigo, sino para que reciba un proceso de abordaje técnico que le permita, poco a poco, como de a poquitos, de esa situación de privación de libertad hasta alcanzar la libertad definitiva.

¿Se ha dejado desprotegida a la víctima, que es al final de cuentas la persona que está sufriendo el delito? 

– Cuándo hay víctima, muchas veces ni siquiera hay víctima, en los delitos de tráfico de drogas no hay víctimas. 

¿La sociedad costarricense que se está viendo afectada, porque un narcotraficante distribuye sus drogas y esa sociedad sufre a partir de eso una serie de delitos?

– Eso es una visión muy moralista que no debería estar en la visión del sistema penal. Ese es otro tema, pero al final si uno quiere consumir drogas, consume drogas. Uno no puede decir que hay una víctima concreta en la venta de drogas, porque no la hay. 

El Estado costarricense gasta más de ¢6 millones en un proceso penal y al final se le vuelve a poner en la calle al privado de libertad y regresa al barrio probablemente, en algunos casos a cometer el mismo delito sin haber pasado por todo el proceso que tuvo que haberse sometido por orden de un tribunal.

– Creo que hay varios errores en los que usted está incurriendo al hacer esas afirmaciones. Primero, la víctima. Todas las medidas que el Ministerio de Justicia ha empleado en estos últimos meses. Todas las circulares se ha dicho que uno de los requisitos es que no se necesiten estudios victimológicos. ¿Qué significa esto? Que no hay una víctima. Por ejemplo, en los delitos de tráfico de drogas o en algunos delitos patrimoniales en donde la víctima se fue del país, cambió de domicilio, pidió no ser informada, no le interesa continuar con el asunto, murió, etc.

¿Qué pasa en los casos que se les deja salir (a los privados de libertad) poco tiempo después de haber sido sentenciados?

– Estar en un centro semiinstitucional forma parte de la ejecución de la pena. Otra cosa es que nosotros como sociedad no entendamos que lo que se busca es justicia, no venganza. Aquí no es el ojo por ojo. Nosotros no metemos a la cárcel para sacarnos un clavo. Esa no es la idea. Una persona entra al sistema penitenciario e inicia este proceso que le va permitiendo, poco a poco, ir alcanzando su libertad definitiva.

¿Usted conoce cómo funciona el tema del narcotráfico? 

– Por muchos años fui defensor público, entiendo que hay una división de funciones, que la persona busca gente para vender drogas, esto es comercio al final. Yo no estoy diciendo que estoy favoreciendo esto, al final no hay una víctima concreta que se daña por esa venta.

¿Usted vio el aumento en la cantidad de homicidios por narcotráfico?

– Ajá.

¿Cuál es el objetivo final de una banda de narcotraficantes?

– Si las drogas fueran legales esto probablemente no sucedería. 

Entonces, ¿el tema del narcotráfico es un problema del país?

– Eso no es por la venta, eso es por como se ha regulado el tráfico.

Si yo no muestro interés como víctima en el proceso de ejecución, ¿entonces eso es suficiente para que el Ministerio de Justicia deje en libertad al victimario?

– Me está entendiendo muy mal. Estamos diciendo que, para la aplicación de la circular 5 y la circular 8, uno de los requisitos es que no se requieran estudios victimológicos, pero además que la persona no haya tenido problemas de convivencia, que la persona tenga un recurso familiar, que esté próxima a cumplir la sanción, que no esté condenada por delitos graves, porque con lo que ordenan los jueces tenemos que ver cuál delito vamos a priorizar.

¿Qué tan efectivo ha sido nuestro sistema para rehabilitar? 

– Lo que le puedo decir es que la sanción privativa de libertad debe ser una sanción y no una regla. Lo que le puedo decir es que solo el 28 % de la gente en la cárcel es reincidente. Eso nos habla de un sistema que es exitoso.

Jorge Chavarría, fiscal general de la República, está en contra de estas medidas. ¿Qué le dice?

– Que este es un Estado de derecho y cada quien tiene competencia y la competencia del Ministerio de Justicia es administrar la sanción penal y eso es lo que estamos haciendo.

Habla de que hay un problema de infraestructura, si no existiera, ¿no habría que pasar a esta gente al régimen semiinstitucional?

– En 1989, cuando era jueza de la ejecución penal, Manuela Carmena, actualmente alcaldesa de Madrid, dijo que, si se aplicaran correctamente las reglas para hacer los traslados de personas a los centros semiinstitucionales, el 80 % de las cárceles estarían vacías. Hoy nosotros seguimos en este debate. En un Estado de derecho, la cárcel solo se reserva para los casos más graves.