Chinchilla deja como responsables a los jerarcas de las instituciones de garantizar que se cumpla lo dispuesto.
El anuncio que hizo la presidenta Laura Chinchilla en cadena nacional, sobre la prohibición de viajes a funcionarios públicos en vuelos aéreos privados, quedó en firme ayer, cuando la directriz N°50-MP se publicó en La Gaceta Digital.
Según esboza el mandato, “las instituciones del sector público no deberán gestionar o aceptar el ofrecimiento ni utilizar vuelos aéreos suministrados por personas físicas o jurídicas del sector privado nacional o internacional”.
Chinchilla deja como responsables a los jerarcas de las instituciones de garantizar que se cumpla lo dispuesto.
La Presidenta giró esta orden después del polémico viaje que hizo a Perú junto al exministro de Comunicación, Francisco Chacón, y la ministra de Comercio, Anabel González, que precisamente desencadenó la salida de Chacón.
El avión fue proporcionado por la empresa THX Energy, que ha sido vinculada con supuestos actos ilícitos como el narcotráfico.
“La aceptación y el uso de transporte aéreo privado ofrecido por personas físicas o jurídicas del sector privado puede conllevar un riesgo para la Administración Pública y sus funcionarios, en términos de poder fehacientemente valorar y documentar que la donación del transporte no provenga de personas físicas o jurídicas cuestionadas, o de bienes cuya procedencia no es totalmente clara, o de situaciones que a la postre podrían generar conflictos de intereses con el sector público”, estipula la Presidenta en la directriz.