En 8 semanas (dos meses) el gobierno habrá finiquitado con la empresa brasileña OAS la anulación del contrato de concesión para construir la carretera San José-San Ramón, según lo confirmó ayer Roberto Gallardo, ministro de Planificación.
Gallardo, quien es uno de los representantes del gobierno ante el Consejo Nacional de Concesiones (CNC), guarda la esperanza de que en dos meses la carretera pueda ser recuperada y así comenzar a pensar en otra forma de construirla.
Explicó que ayer recibieron la contestación de OAS en cuanto a iniciar un proceso de resolución de conflictos, a lo que ellos accedieron y además nombraron a los dos representantes del CNC en este trámite, que deberá dar resultados en 8 semanas.
En ese proceso se determinará cuánto dinero deberá pagarle a esa empresa por haber anulado el contrato. OAS pide $33.962.239 por inversiones realizadas y pagadas al anterior concesionario, Autopistas del Valle $11.131,00 millones por inversiones realizadas y ¢453,8 millones ($901.2921) por “especies fiscales” pagadas por la cesión del contrato de concesión. Humberto Pereira y Melvin Quirós representarán al Estado en ese proceso, donde se definirán los rubros a pagar y si están justificados, según explicó Gallardo.
Comentó que en la última comunicación le informaron a OAS que ofrecían resolver el conflicto con dos entidades que tienen experiencia como son AmChan y la Cámara de Comercio de Costa Rica.
“Cuando ellos nos comuniquen cuál entidad acepten entonces gestionaremos que esta nombre el mediador para comenzar a trabajar. Esperamos que en 8 semanas se dé el finiquito para poder recuperar la carretera porque al estar concesionada solo se puede tocar para hacerle mantenimiento”, concluyó Gallardo.
Esta posición se contradice con los habitantes de Occidente, quienes aseguran que a la empresa no hay que pagarle nada porque no ha puesto ni una piedra en la carretera.
También afirman que el contrato es inválido, por eso la anulación es inminente y será ordenada en los próximos meses por el Tribunal Contencioso Administrativo, donde interpusieron una medida cautelar.