Gabriela Alfaro, fiscal adjunta de la Fiscalía Penal Juvenil, participó en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa donde dio a conocer una serie de estadísticas las cuales revelan que de la cantidad total de homicidios que ocurren en el país el porcentaje vinculado con menores de edad es muy bajo.
Por ejemplo, en 2023 de los 906 homicidios que registró el país, 54 se relacionaron con una persona menor de edad y 16 estaban ligados a una organización criminal. Esto quiere decir que en 5 de cada 100 asesinatos han participado menores de edad.
“Esto nos da una alerta y es que efectivamente hay un trabajo de prevención urgente que realizar para abordar la materia penal juvenil y la población menor de edad, pero nos determina que la vinculación de las personas menores de edad identificadas como responsables de la ejecución de diferentes acciones con relación a una criminalidad organizada, no es lo que está afectando las muertes que están ocurriendo en nuestro país”, expresó Alfaro.
Las estadísticas de 2023 tienen un comportamiento similar desde 2020, por lo cual asegura que estos jóvenes no son tan importantes para las estructuras criminales como se piensa.
MEDIDAS
“La justicia juvenil es la última esperanza que hay frente a conductas delictivas graves”, asegura Marianella Corrales, jueza penal juvenil, quien considera que la sociedad tiene que trabajar mucho para ver menos casos de menores de edad asesinando personas.
Corrales afirma que la labor que desempeñan las escuelas y colegios en la vida de un adolescente es fundamental para darles un sentido de pertenencia y alejarlos de la delincuencia.
DIARIO EXTRA conversó con la experta, quien aseguró que el abandono es la principal razón por la que los jóvenes ingresan a las redes del crimen organizado.
En este momento, en la comisión legislativa se analiza un proyecto para reformar varios artículos de la Ley Penal Juvenil con la intención de atacar el sicariato y el crimen organizado. La jueza considera que es apropiado hacer el análisis, pero que se debe tener cuidado con los plazos de prescripción y privación de libertad previa.
“Trabajar drogas, fortalecer hogares y escuelas, crear en las comunidades lugares adecuados para que las personas menores de edad estén seguras, sería lo primero, que una sociedad que no quiere a sus jóvenes matando a personas debería trabajar”, afirmó.
Asimismo, asegura que la justicia juvenil no se puede atender solo desde lo judicial y que debe existir una política nacional de abordaje de la violencia.
Una de las características más confrontativas de la Justicia Penal Juvenil es que no hay una pena para cada delito, como si lo hay en adultos, ni tampoco hay mínimos.
Esto significa que incluso cuando un menor de edad asesina a una persona no hay una pena específica, sino que deben valorarse una serie de factores, tanto para una sanción privativa o no privativa de libertad.
“En Penal Juvenil, un caso de homicidio podría no ser un delito, según las circunstancias del caso, que amerite pena privativa de libertad, pero si lo amerita, tenemos que valorar la edad del joven, por ejemplo, en jóvenes de 12 a 15 años, la pena máxima sería 10 años, si tuviera entre 15 y 18 años, la pena máxima serían 15 años”, detalló la experta.
La privación de libertad de los menores debe estar acompañada de educación y, cuando salen, de oportunidades de empleo, para que no caigan de nuevo en el crimen organizado, recomienda Corrales.
DISCUSIÓN
Rafael Segura Bonilla, quien se ha desempeñado como magistrado de la Sala de Casación Penal y juez coordinador del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil, indicó que la reforma que pretende el expediente 24.175 para varios artículos de la Justicia Penal Juvenil no es necesaria.
“Los menores no actúan solos, sino que actúan con mayores de edad o en grupo con mismos menores de edad, que es el problema que podría tener la ley de delincuencia organizada”, dijo Segura.
Además, recordó que la ley penal juvenil toma en cuenta condiciones, plazos de edad de maduración de los jóvenes, condiciones socioeducativas y de desarrollo del menor que deben ser tomadas en cuenta para investigar, juzgar e imponer una sanción, ya que hay 14 diferentes tipos.
Marianella Corrales
Jueza penal juvenil
“La justicia juvenil es la última esperanza que hay frente a conductas delictivas graves”.