Los diputados de las fracciones de los Partidos Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA), Partido Progreso Social Democrático (PPSD) y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), junto con el fiscal general Carlo Díaz y el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) Randall Zúñiga, conversaron en la Comisión Permanente Especial de la Mujer varios temas alrededor de la seguridad y delitos que ponen en riesgo la integridad tanto física como emocional de las féminas.
El fiscal general puntualizó que la seguridad y los delitos contra la mujer son temas sumamente urgentes de atender y fundamentales para el Ministerio Público. Díaz comentó los registros en cuanto a delitos en contra de la población femenina que se registraron a lo largo de 2022 y 2023.
“Para mí este tema es fundamental, es un tema trascendental para el Ministerio Público. Nos interesa mostrar las estadísticas del Ministerio Público. El tema de la mujer, de la penalización, de los delitos sexuales en el Ministerio Público es fundamental, dentro de la incidencia que nosotros tenemos en esta clase de delitos, están en el segundo y tercer lugar. Si los sumamos ambos, estaríamos hablando del primer lugar en incidencia”, acotó Díaz.
También, el mismo funcionario indicó que justamente para abordar este reto es necesario contar con más recursos, pues no tienen suficientes para poder solventar esta problemática.
“Es importante hacerlo ver de una vez, aquí es donde menos recursos tenemos, es un problema muy grande no tener los recursos suficientes para poder atender, las estadísticas demuestran las atenciones de lo que hemos venido trabajando hasta el 31 de enero de 2024”, enfatizó.
LAS ESTADÍSTICAS
Carlo Díaz recalcó que solamente en 2022 ingresaron 213.216 causas y en 2023 estas aumentaron hasta 20.000 más, pues se registraron 233.044. Solamente en el 2022 entraron 23.995 casos con respecto a la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres y por otro lado 14.126 delitos sexuales. El año anterior ambas causas aumentaron, la Ley alcanzó la cifra de 28.910 incidencias y se denunciaron 24.911 delitos sexuales.
“Ustedes ven en el año 2022 entraron delitos de penalización casi 24 mil y para el 2023 unos 28.000. Es decir, aumentó casi 4 mil causas más, en delitos sexuales otro gran aumento, casi 10.000 causas más, todo esto tuvo una génesis a partir del caso de la niña Keibril, a raíz de esto hicimos un recuento de las causas y reabrimos algunas en este sentido”, explicó Díaz.
En materia de género, el jerarca amplió que el circulante total mostró un considerable aumento entre 2022 y el 2023.
“Específicamente en la materia de género, y por eso indicaba que es una de las materias más importantes, del circulante que maneja el Ministerio Público, para el año 2022, el porcentaje que tenía que ver con la materia de penalización contra las mujeres y abusos sexuales era aproximadamente 17,88% para el 2023 ese porcentaje aumentó a un 23% de las causas que ingresan al Ministerio Público”, compartió Díaz.
El fiscal general citó, además, que cuentan con un personal a cargo reducido para tramitar este tipo de expedientes. “Para el trámite ordinario, el Ministerio Público cuenta con 400 fiscales y para el trámite de género solo tenemos 45 fiscales o alrededor de este número”. Díaz subrayó que hay una deficiencia en el personal especializado para trabajar en esta materia.
Asimismo, mencionó que los delitos que mayormente se tramitan son el maltrato hacia la mujer, ofensas a la dignidad, abuso sexual contra personas menores de edad, incumplimiento de medidas de protección, entre otros delitos.
TRABAJO EFICAZ Y OPORTUNO
Por otra parte, el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) Randall Zúñiga indicó que hay varias formas de trabajar estos delitos en contra de la integridad de la mujer, para generar rápidas respuestas ante situaciones de riesgo, de género y otras denuncias.
“Desde el Poder Judicial, a pesar de que se dan respuestas importantes, consideramos oportuno que exista algún tipo de indicador de los procesos, cuando llega alguna persona y se comunica con nosotros o Fiscalía, posteriormente que se le toman las manifestaciones y todos los diferentes procesos que involucra el protocolo de 72 horas de respuesta”, manifestó el jerarca.
Zúñiga también mencionó que hay un faltante de personal dentro de OIJ que es un reto para enfrentar estos delitos y otros temas en cuestiones de seguridad ciudadana.
“Al igual que don Carlo, el personal que tiene OIJ hace 10 años no iguala a la cantidad de delitos ordinarios que tiene OIJ en la actualidad. Se ha aumentado casi en un 100% la cantidad de delitos, esta Asamblea Legislativa nos dio unas plazas, pero evidentemente eso es para crimen organizado, no para delitos ordinarios”, acotó.
CARENCIA DE RECURSOS Y FUGA DE ESPECIALISTAS
El director de OIJ recalcó que la fuga de personal es un reto adicional que enfrentan desde el Poder Judicial, pues muchos de los trabajadores que deciden retirarse lo hacen porque no hay aumento de los salarios, además de las exhaustivas horas de trabajo.
“En los últimos cuatro años se han ido casi 300 investigadores. El año pasado, en el transcurso del año, se retiraron 97 personas, de las cuales 50 eran investigadores. Muchos se van a abrir emprendimientos propios, se asocian a aplicaciones instantáneas, algunos buscan oportunidad en el extranjero, pero una parte pequeña pero siempre problemática se va a la acera de enfrente, se van a trabajar con algún grupo que no está vinculado a la parte laboral”, dijo.
Desde la dirección del Organismo de Investigación Judicial, se han mantenido en constantes reuniones y trabajos en conjunto con las diferentes representaciones de los Poderes de la República para obtener una solución ante esta problemática laboral.
“Quiero ser absolutamente tajante con el tema, ¿cuál es el beneficio del ahorro que va a generar el Estado costarricense en cuanto a la Ley de Empleo Público, yo le diría que está bien, pero sería un aproximado que sería como 1% del PIB de ahorro a equis cantidad de años plazo. El año pasado se generaron ¢42 millones en pérdidas en salarios, por personas que se retiraron y fueron sustituidas. Esto crea un gasto mayor para el Estado costarricense”, subrayó el jerarca.
Carlo Díaz
Fiscal general
“Existe una carencia de personal especializado, no contamos con personal capacitado en todas las fiscalías del país, en algunas tenemos, en otras no”.
Randall Zúñiga
Director OIJ
“En los últimos 4 años han renunciado casi 300 investigadores, cuando tenemos suerte abren sus propios emprendimientos, en un número muy reducido se van a la acera de enfrente”.