Empresas públicas en competencia fuera de reforma al empleo público

La Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa aprobó este martes una moción del diputado oficialista Víctor Morales Mora para que las empresas públicas que están en competencia (ICE, INS y bancos estatales) queden excluidas del proyecto de reforma al empleo público.
Morales Mora dijo que en el caso del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) la exclusión sólo aplicaría para la parte de telecomunicaciones, aunque la iniciativa aprobada no lo indica así.
Es decir, si la ley pasa, estas instituciones y sus funcionarios quedarían excluidos del salario global (sin pluses), regulación en convenciones colectivas y otras disposiciones.
Además de Morales Mora votaron a favor los liberacionistas Luis Fernando Chacón y Jorge Fonseca, el socialcristiano Rodolfo Peña, Jonathan Prendas de Nueva República, así como los independientes Zoila Volio y Dragos Dolanescu.
En contra estuvieron Aracelly Salas del PUSC y David Gourzong del PLN.

MOCIÓN CON SORPRESA

La moción incluye, además, la eliminación de tres artículos del proyecto dictaminado que buscaban ampliar beneficios para licencias de maternidad (en caso de un parto prematuro) y establecer el permiso de paternidad en el sector público, ambos sin remuneración para los funcionarios.
José María Villalta del Frente Amplio (FA), que no es miembro de la comisión pero asistió para defender sus mociones, lamentó que el Partido Acción Ciudadana (PAC) haya negociado de esta manera la reforma al proyecto.
“No jodemos a las empresas públicas en competencia, pero a cambio eliminamos cualquier avance en materia de responsabilidad social de cuido, en licencias de maternidad y paternidad, en licencias para cuidar personas enfermas y me cuesta creer que eso venga de la fracción del PAC”, indicó.
Villalta, quien también presentó mociones para liberar a las empresas públicas en competencia, insistió en que este cambio era más que necesario debido a la condición en que se encuentran desde el momento que están en competencia “voraz”, donde hay transnacionales deseosas de llevar esa tajada del pastel.
Pero lamentó que, para llegar a ese escenario, el gobierno haya “amarrado” el cambio restando derechos a los trabajadores.
La oficialista Paola Vega, quien también presentó mociones para que las licencias de maternidad y paternidad sean remuneradas, rechazó que la iniciativa aprobada mezcle los temas.
El oficialista Morales Mora (quien en el pasado fue ministro de Trabajo) explicó que lo aprobado es producto del acuerdo al que se llegó en la negociación con las fracciones y en primera instancia el objetivo era establecer los permisos de maternidad y paternidad de forma remunerada, pero en el proceso de discusión quedó en no remunerados.
Por lo que para evitar “malas interpretaciones” en el futuro se acordó quedarse en lo que está hoy y no establecer ningún cambio.
Villalta lamentó la explicación de Morales Mora. Dijo que una cosa es poner orden en el empleo público y otra retroceder en derechos fundamentales, ya que muchas madres y padres hubieran preferido “al menos” tener un tiempo más con sus hijos, aunque no fuera pagado.
La Comisión conoció 53 de las 301 mociones presentadas (en el primer día) y aprobó 11 más, todas en pequeñas modificaciones en terminología.
Esta semana se continuarán conociendo en sesiones ordinarias y extraordinarias.

¿A QUIÉNES ALCANZARÍA LA REFORMA AL EMPLEO PÚBLICO?

Los poderes de la República (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), sus órganos auxiliares y adscritos, y el Tribunal Supremo de Elecciones.
El sector público descentralizado institucional conformado por: instituciones autónomas y sus órganos adscritos, incluyendo universidades estatales, la Caja Costarricense de Seguro Social; instituciones semiautónomas y sus órganos adscritos y empresas públicas estatales.
El sector público descentralizado territorial conformado por las municipalidades, los concejos municipales de distrito y sus empresas.

Fuente: Expediente 21.336 (eliminado el inciso D según la moción aprobada)