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Definitivamente, lo único claro que el gobierno demuestra conforme va pasando el tiempo es que los famosos planes para reactivar la economía costarricense solo fueron ideas improvisadas.
Si la situación ya venía mal a nivel nacional, la crisis provocada por la pandemia del nuevo coronavirus ha desatado una afectación sin precedentes en la mayoría de empresas de los diferentes sectores productivos.
Eso queda reflejado en los números del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Al 19 de mayo, un total de 3.833 empresas se han visto obligadas a suspender temporalmente contratos y reducir jornadas.
En específico, 1.983 compañías suspendieron contratos, lo que afectó a 24.395 trabajadores.
En cuanto a reducción de jornadas, en total 1.850 centros de trabajo se han visto en la necesidad de rebajar horarios, situación que golpea a 43.903 colaboradores.
El MTSS confirmó que son 68.298 las personas empleadas con afectación en su salario, ya sea por suspensión de contratos o reducción de jornada.
Por sector económico, en el comercio se reportan 1.288 empresas que se han visto en la necesidad de suspender contratos, lo que representa 15.399 colaboradores sin salario.
El número es más alto si se toma en cuenta que en total han sido 2.947 compañías dedicadas a esta actividad las que han solicitado al MTSS suspender contrato, sin embargo 1.641 aún siguen en el proceso de análisis.
Eso quiere decir que el número de colaboradores afectados puede subir a 16.752 tan solo en este sector económico.
En cuanto a reducción de jornadas, la cartera detalló que, en el comercio, 1.033 empresas han decidido recortar el horario de trabajo, lo que supone una afectación en el salario de unas 23.500 costarricenses.
Al igual que con la suspensión de contratos, los números se podrían disparar si se analiza la cantidad de compañías que aún están pendientes del proceso.
Trabajo reporta que aún falta estudiar la solicitud de 2.247 firmas del sector comercial que pidieron reducir jornadas ante el impacto económico producto de la pandemia Covid-19.
El mismo escenario se presenta en las dedicadas a servicios, donde 538 han suspendido contratos, mientras que a 556 se les aprobó reducir jornadas.
En la industria, 56 empresas finiquitaron relaciones laborales, mientras que a 121 se les autorizó cambiar la jornada.
Lamentablemente, y pese a esos datos, las últimas medidas anunciadas por el Ejecutivo son otro plato de babas, y no lo decimos nosotros sino más de un diputado de oposición.
Por ejemplo, aunque el gobierno ofreció ¢900 mil millones en créditos para capital de trabajo de empresas y sector productivo, lo cierto es que los bancos solo van a colocar poco más de la mitad.
El Ministerio de Planificación aseguró que la banca pública tenía disponible ese monto para avales y garantías de créditos productivos a tasas preferenciales.
Sin embargo, ahora dice que los fondos disponibles rondarán los ¢584 mil millones. El Banco de Costa Rica (BCR) tiene ¢109 mil millones, el Nacional (BNCR) ¢300 mil millones y el Popular (BP) ¢175 mil millones.
Lo peor es que nadie menciona con claridad de dónde saldrán los ¢316 mil millones restantes para completar los ¢900 mil millones que el gobierno ofreció.
Pero ese no fue el único alegrón de burro. El Ejecutivo también reveló hace poco la decisión de colocar ¢3,1 billones de inversión en infraestructura. Sin embargo, no se pormenorizó el plan de los trabajos en edificaciones públicas y en obras viales, enumeraron proyectos como Limonal Barranca, rotonda a la Bandera y el Tren Eléctrico, que ya estaban en marcha.
También hablaron de agricultura de precisión, para lo cual se busca una inversión de ¢4.267 millones. Esto formaba parte de la política agropecuaria 2019-2022. Resultados al 2022.
Lo mismo sucede en el turismo, donde con bombos y platillos se anunció colocar a Costa Rica como destino tras la pandemia. Ya se había mencionado el 24 de abril.
Y así continúan lamentablemente los ases debajo de la manga de un gobierno improvisado, mientras lamentablemente el número de empresas afectadas sigue creciendo.