La Cámara Costarricense de la Construcción hizo un llamado a los diputados para que se realice una verdadera reforma del sistema de empleo público en lugar de aprobar el proyecto que actualmente se encuentra en la corriente legislativa.
Según dicen la iniciativa que presentó el Poder Ejecutivo, más que racionalizar los beneficios que disfrutan los trabajadores estatales, vendría a consolidar los existentes y a crear nuevos otorgándoles rango de ley, dejando además vacíos importantes y serias omisiones.
“Costa Rica necesita urgentemente atender la problemática del déficit fiscal, que amenaza seriamente la estabilidad económica y social del país, así como su competitividad. Indudablemente la solución debe empezar por el recorte del gasto público, atendiendo de manera prioritaria las erogaciones que representa el mantenimiento de la burocracia estatal”, indicó Esteban Acón, presidente de la Cámara.
Adujo que las cifras de la OCDE muestran que Costa Rica destina el 13,86% de su producción al mantenimiento de los funcionarios públicos, lo cual supera el promedio general de los países que conforman dicha organización y alcanza el 10,24%.
“La última versión del proyecto, que ya incorpora los cambios introducidos en el primer día de mociones 137, tiene preocupantes deficiencias”, expresó el empresario.
Entre otras cosas mencionó que excluye de la aplicación de ley a las empresas estatales e instituciones públicas en competencia, cuando dicha exclusión debería aplicar solo para aquellos funcionarios que efectivamente están involucrados con los sectores en competencia.
MÁS PRIVILEGIOS EN CONVENCIONES COLECTIVAS
Acón además aseguró que el procedimiento para implementar las reducciones forzosas, o por falta absoluta de fondos o para lograr una reorganización más eficaz y económica de las dependencias públicas debe quedar establecido de forma más clara y precisa.
En su criterio, tampoco hay referencia a derogatorias o reformas a leyes especiales que determinan incentivos salariales, con lo cual estos quedarían vigentes.
Tampoco queda claro que las negociaciones colectivas que se lleven a cabo se deben ajustar a los parámetros señalados en la Ley Marco de Empleo Público. “Lo anterior podría traer como consecuencia nuevas convenciones colectivas con privilegios irracionales”, destacó.
Según Acón, el Poder Ejecutivo no ha cuantificado ni demostrado de forma técnica el ahorro que generará la implementación de esta propuesta, ni ha definido la forma en que se va a determinar el valor financiero de los grupos salariales del sector público.
Otro vacío sería la ausencia completa de metodología para la categorización de puestos y también persisten “familias” o categorías de puestos que generan dudas acerca de si la propuesta vendría a generar justicia salarial en el sector.