Aprobar el proyecto de Ley 22.497, el cual establece el empaquetado neutro de productos de tabaco, es legislar en beneficio de la salud pública, en resguardo de mejores condiciones de vida para las generaciones presentes y futuras.
Este proyecto permite el incremento del tamaño de las advertencias sanitarias, pasando del actual 50% al 80%. Asimismo, incorpora la definición del empaque neutro, el cual uniforma un solo color, aumenta el tamaño de las gráficas de advertencia sobre las consecuencias del consumo de estos productos y mantiene la marca de cada compañía. El uso de este mecanismo es para todos los productos de tabaco.
La iniciativa va en consonancia con lo establecido en el Convenio Marco de Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que fue ratificado por nuestro país desde el 2008, la cual llama a los países miembros que avancen con las legislaciones, pero además en su artículo 11 especifica que las advertencias sanitarias deben ocupar el 50% o más de las superficies principales expuestas y deben proponerse que abarquen la mayor parte posible de dichas superficies.
Además, varios países miembros de la OCDE ya lo han puesto en práctica y, en el caso del continente americano, Canadá y Uruguay ya lo han incorporado a sus regulaciones. De hacerlo Costa Rica, sería el tercer país de América en dar el paso y el primero a nivel centroamericano, lo que acentúa una vez más el dar pasos en la dirección correcta en beneficio de la salud pública y del estándar de calidad de vida de sus habitantes.
Por supuesto que iniciativas como esta no han caído para nada bien en han sido bien recibidas por la industria tabacalera, la cual desde siempre el inicio ha esgrimido argumentos en contra que van desde el daño a la marca, a la propiedad intelectual, libertad de comercio, fomento al contrabando de cigarrillos sin que sus alegatos hayan sido sólidos en ninguna instancia. En este sentido el mejor ejemplo fue el caso llevado contra Australia ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), el cual no solo perdieron, sino que además quedó clarificado que no había tales afectaciones e incluso que prima el derecho universal a la salud, lo que ratifica el interés público de medidas como esta.
En Costa Rica no estamos lejos de situaciones similares como esta, en la Comisión de Asuntos Sociales diversas cámaras empresariales que defienden los intereses de las tabacaleras han seguido estos pasos, pretendiendo el archivo del expediente. Sin embargo, el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ya han señalado la importancia de que este proyecto sea aprobado. Además, aparte de la Red Nacional Antitabaco (Renata), este proyecto cuenta con el respaldo de una importante cantidad de organizaciones de la sociedad civil y del sector salud, así como de la Red Nacional Antitabaco (Renata) con el visto bueno de 29 diputados, quienes firmaron la propuesta al ser introducida a la corriente legislativa.
La acción dilatoria de la oposición es intentar retrasar su trámite en comisión. Precisamente ante ello es que hacemos un llamado a los diputados miembros de la Comisión de Asuntos Sociales para que una vez reactivado el periodo de sesiones ordinarias se pueda dar prioridad a esta iniciativa en su trámite.
Es importante recordar que el empaquetado neutro busca desincentivar el consumo del tabaco y otros productos derivados, especialmente en jóvenes y adolescentes de quienes está comprobado que la aplicación de esta medida retrasa el consumo temprano.
Cada año en nuestro país fallecen más de dos mil personas a consecuencia de enfermedades derivadas del consumo de tabaco. Son dos mil familias que cruzan por el terrible dolor de la pérdida, una que también genera cargas económicas al Seguro Social y a la productividad del Estado costarricense. Es decir, con el consumo de estos productos pierde la salud pública, el Estado y principalmente la sociedad.
Según el estudio realizado en el 2020 por el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria de Argentina (IECS), el año pasado se recaudaron ¢27.185 millones por el impuesto a los productos de tabaco. La cifra quedó muy corta cuando se considera que los costos directos por atención y tratamientos por el sistema de salud superan los ¢166.780 millones. Esta cifra se eleva muchísimo más si se consideran la pérdida de ¢75.000 millones en productividad a causa de enfermedad y muerte prematura de la población laboralmente activa. Asimismo, crece aún más si se suman los ¢58.500 millones del costo por el tiempo que familiares y allegados invierten para dedicarse al cuido de personas enfermas por el tabaquismo. Es decir, en total los costos son de ¢300.318 millones de los cuales apenas se recauda con los impuestos un 9% del gasto.
Confiamos en el criterio de las señoras y señores diputados, en la apuesta para que se legisle en beneficio de la salud pública, por el bienestar de las presentes y futuras generaciones, y de una mejor calidad de vida para la ciudadanía.