Recientemente se llevó a cabo elForo Internacional “Impuestos Saludables para el control del tabaco” en el Hotel Radisson. La actividad fue organizada por la Red Nacional Antitabaco (Renata), con el apoyo de Campaign for Tobacco-Free Kids, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile (UAI).
Durante el Foro, los economistas especialistas en política fiscal Bert Brys de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); Norman Maldonado del Banco Mundial; Itziar Belausteguigoitia de la OPS; Carlos Guerrero de Tabacconomics – Universidad Johns Hopkins; y Guillermo Paraje de la UAI, dieron un espaldarazo al proyecto de Ley para la Responsabilidad Social del Consumo de Tabaco, impulsado en la corriente legislativa por el diputado Gilbert Jiménez, del Partido Liberación Nacional, entre otros diputados.
En Costa Rica, mueren 1274 personas al año por tabaquismo y según la Encuesta Mundial sobre Tabaco en Adultos (GATS), el país no ha tenido una disminución significativa en el consumo pues pasó de 9,1% en 2015 a 8,7% en 2022.
Y aunque los impuestos al tabaco son la medida más costo-efectiva para reducir el consumo, la estructura impositiva no ha variado desde 2012 aun cuando el precio de los productos sí ha ido creciendo en términos reales.
“Esto refleja que la industria tabacalera está aprovechando la inmovilidad fiscal para incrementar su rentabilidad. Al mismo tiempo, esto es una inconsistencia ya que la industria señala que el aumento de precio -mediante impuestos- promueve el comercio ilícito”, argumentó el economista Guillermo Paraje.
Para la presidenta de Renata, Nydia Amador, “ya es hora de que se aumenten los impuestos, Costa Rica está entre los países con menor cobro impositivo de las Américas”.
Por su parte, Carlos Guerrero aseguró que “según los estudios que ha llevado a cabo Tabacconomics en 170 países -en los cuales se evalúan precio, proporción de impuestos en el precio, cambios en la asequibilidad y estructura de los impuestos- se asigna una calificación de 0 a 5 donde lo más alto es la política más fuerte, Costa Rica está en 2,13 lo cual la ubica de media tabla hacia abajo. Esto sugiere que hay espacio de mejora fiscal, sobre todo que se tendría que fortalecer el componente específico de impuestos para hacer que el precio suba y se reduzca la accesibilidad”.
Para el Dr. Jorge Victoria de la OPS, “está probado que esta iniciativa reducirá la prevalencia de consumo de tabaco, y por tanto disminuirá el principal factor de riesgo para las enfermedades que más causan muerte como son las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Pero por el otro lado, algunos continuarán consumiendo y con más altos impuestos se incrementará el recaudo fiscal que ayudará al Estado a superar la alta carga de enfermedad y muerte que diezma los servicios de salud”.
Por su parte, Bert Brys del Banco Mundial, aseguró que Costa Rica debe aumentar los impuestos para lograr disminuir ese 1% del PIB que gasta el país en atención de tabaquistas anualmente.
Simplificar la recaudación fiscal
Según explicó Paraje, “con la aprobación del proyecto de ley 23880 se simplifica la estructura tributaria. Todos estos impuestos que debe recaudar Hacienda de la CCSS, del Inder, etc. se simplifican y básicamente el organismo recaudador pasa a ser uno que después los reparte.
Esto no solo ahorra costos sino que también mejora la fiscalización. Y esta fiscalización aumentaría todavía más con herramientas como las estampillas fiscales y los mecanismos de trazabilidad y un control más cercano sobre los involucrados en el comercio de tabaco. Además, esta ley cambia la estructura del impuesto: desaparece el impuesto ad valorem -el impuesto que depende del precio- y se sustituye por un impuesto que depende de la cantidad. Lo que mata y enferma no es el precio del cigarrillo; un cigarrillo caro mata igual que uno barato. Por ello necesitamos gravar lo que se consume y no el precio”.
Brys concluyó que “la OCDE cree que esta propuesta de reforma cumple con las expectativas de los Ministerios de Salud y de Hacienda, al aportar tanto beneficios sanitarios como beneficios en términos de ingresos fiscales. Por lo tanto, la OCDE acoge con satisfacción esta reforma como un paso en la dirección correcta”.