Los diputados podrían eliminar el cobro del impuesto al valor agregado (IVA) sobre el Seguro Obligatorio Automotor (SOA) sin medir el impacto fiscal.
Así lo advierte la Contraloría General de la República en el oficio DFOE-FIP-0151 relativo al proyecto de ley expediente 23.478 que se discute en la Comisión de Asuntos Jurídicos.
“Sobre este particular, el proyecto no aporta una estimación de su posible impacto en el Presupuesto Nacional. No señala el impacto fiscal que tendría la propuesta”, advierte el órgano contralor.
Adicionalmente, la Contraloría menciona que, aunque el SOA no se considera una carga parafiscal, si no un seguro, la subvención que se traslada al Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), ascendió a ¢18.553 millones en 2022, y eso sí podría ser considerado de carácter parafiscal.
Actualmente, el SOA es sujeto a aquel tributo con tarifa del 13%. El proyecto califica el seguro como una carga parafiscal incluida en el cobro del marchamo.
Entre las razones para exonerarlo se menciona justamente este punto y, que el mismo no cumple con el criterio de neutralidad y que la prima no cubre la eventualidad de siniestros.
Lo que se modificaría sería el inciso 9 del artículo 8 de la Ley 6.826 y sus reformas, referente a exenciones.
En Costa Rica, hay 1,7 millones de vehículos que deben cancelar el marchamo cada año y, con este, el SOA.
Según los proponentes de la iniciativa, califican al IVA como un impuesto regresivo. Esto implica que no se consideraría la capacidad económica del contribuyente para su imposición, de ahí que este impuesto es de los que más afecta la capacidad de consumo de los contribuyentes.
Otro cuestionamiento es que lo recaudado por el marchamo no se estaría invirtiendo en carreteras, según el proyecto.
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, ha externado su oposición a esta iniciativa justamente por considerar que podría no estarse considerando el tema fiscal.
El SOA corresponde a un 20% del costo del marchamo cada año y es recaudado por el INS.
El IVA se tasa en el recibo que pagan los asegurados por su derecho administrativo.