Tras conocerse que desde Casa Presidencial se barajó la propuesta de incluir el cierre de la Defensoría de los Habitantes en el referéndum, el mandatario Rodrigo Chaves descartó que esta acción representara un intento de debilitar la democracia costarricense.
Lo anterior luego de que la defensora Angie Cruickshank calificara este pensamiento como una “señal incorrecta en el fortalecimiento de nuestra democracia”.
Por su parte, Chaves y la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, confirmaron que la posible medida se generó durante una lluvia de ideas.
“No comparto la idea. ¿Cuál amenaza a la democracia? ¿Están cumpliendo la Defensoría, el Consejo Nacional de Producción, el Instituto Mixto de Ayuda Social? Yo no comparto la opinión de doña Angie, con todo respeto, de veras que capturaron a nuestras instituciones. En lugar de decir que eso es un ataque a la democracia, debería decir: presentemos un reporte de cuando gastamos ¢12.000 millones y ¿qué le agregamos a la sociedad costarricense?”, lanzó Chaves.
Asimismo, el presidente argumentó que en algún momento el pueblo de Costa Rica tendrá el poder de decidir qué hacer con las entidades públicas, ya que a su criterio estas han sido tomadas y “capturadas”.
Sin embargo, ambos jerarcas indicaron que era una simple idea, la cual solo se puso sobre la mesa sin la necesidad de ser estudiada ampliamente. “A mí me sorprende mucho que una conversación de peloteo de ideas generales, que se escuchaban en el ambiente, de repaso de lo que la gente decía que podía ir a referéndum y que se dio en el marco de una conversación privada, se haya hecho pública y que ahora se diga que se estuvo considerando a fondo.
Se estudiaron cualquier cantidad de ideas, propuestas, proyectos en corriente legislativa, proyectos de los grupos de notables, no hay ningún análisis de eso, fue una conversación de lluvia de ideas”, recalcó Fernández.
¿QUÉ DIJO LA DEFENSORÍA?
Al trascender el tema, El Periódico de Más Venta en Costa Rica solicitó una reacción a Cruickshank, la cual advirtió el riesgo que corre el país tan solo con pensar en cerrar el ente.
Incluso comentó que este tipo de posiciones ya se han dado en el pasado y siempre han venido de personas que desde su privilegio opinan en esa dirección, al tiempo que advirtió que la institución funciona como un puesto de control.
“Sería muy grave proponer el debilitamiento o cierre de un órgano de control de legalidad y defensor de los derechos de miles de personas que acuden año tras año a la institución, porque consideran que el Estado violenta sus derechos.
La sola posibilidad de plantear una idea de esa naturaleza constituye una señal incorrecta en el fortalecimiento de nuestra democracia ya que debilitaría los órganos que realizan control sobre las actuaciones de las instituciones y la defensa de la dignidad de todas las personas”, explicó.
Cabe señalar que la alerta de la defensora con respecto a la eliminación del ente como órgano de control es similar a la postura que ha tenido la contralora general de la República, Marta Acosta, sobre la reforma a la Ley Orgánica que se plantea en la Ley Jaguar.