Elecciones e IA: Oportunidades, riesgos y responsabilidad

Imagine que abre su WhatsApp y ve que alguien le envió un video de un candidato de un partido político diciendo o haciendo algo particularmente grave, usted lo ve un par de veces y nota que aparentemente se trata de la persona, que es su voz y que los elementos alrededor son convincentes en su autenticidad y -con esa propensión a comunicar a sus allegados sobre actualidad política- reenvía ese video a algunos contactos; horas más tarde se entera de que se trataba de una creación de la IA y ya es tarde para detener la difusión de una falsedad.

Esta es una realidad que se enfrenta de cara a próximos procesos electorales, por mencionar un ejemplo; ya no vale el “ver para creer”. La atribución injusta de esas conductas a una persona que también es de carne y hueso (que podría ser un cercano suyo) y que presenta sus propuestas para servir a la ciudadanía desde la política, es modernamente un riesgo que lesiona no solo la honorabilidad, sino también la verdad, como valores de una sociedad democrática. Ya no hay vuelta atrás para prescindir de la IA en muchas de las dinámicas de la vida cotidiana, incluida la de procesos electorales.  

Podemos ver nuestro pasado próximo: cuando Internet se incorporó a las sociedades también hubo intentos por contener algunos de sus efectos y someter sus nuevos usos a regulación, pero ya no podíamos devolvernos a los tiempos en los que no existía, casi en cualquier campo del quehacer humano, incluido el entorno electoral. Con la IA sucede lo mismo, llegó y estará presente en Costa Rica en las próximas elecciones municipales y luego en las presidenciales y legislativas.

Podemos diferenciar al menos tres ámbitos en los que se presentará. Desde la administración electoral puede coadyuvar a procesar grandes cantidades de información, facilitar procesos, consultas, sintetizar documentos, comparar información conforme a criterios de los usuarios y apoyar procesos administrativos; en el plano de la justicia electoral puede asistir en labores de búsqueda, análisis, sistematización de precedentes jurisprudenciales o estudios documentales, sin que por ello se sustituya la valoración jurídica ni las decisiones de quienes tienen la responsabilidad de impartir esa justicia. Los partidos políticos, los candidatos y todos los actores electorales también podrán utilizarla para organizar información, generar contenido, analizar datos y lograr sus objetivos concretos. 

Como muchos instrumentos, la tecnología no es en sí misma, ni buena ni mala, se puede utilizar para efectos positivos como negativos y la IA tiene también ese peso en la actualidad. Lo determinante es, pues, quién la utiliza, para qué, con qué transparencia y atribución y quién responde por sus consecuencias.

Existen dos extremos al respecto, la tecnofobia, que supone que la respuesta adecuada es impedir a toda costa el uso de la IA y el tecno optimismo ingenuo, que presume que toda innovación tecnológica genera por sí misma mejores decisiones y convivencia, o que hay que adaptar todos los procesos a las nuevas tecnologías. Ninguna de estas posiciones es adecuada y la prudencia debe reinar para establecer equilibrios.

Y vemos, como en cualquier sociedad democrática, libertades -como la de expresión- que bien pueden manifestarse mediante IA en elecciones. 

El desafío que el campo electoral tiene no es, en consecuencia, impedir que la IA entre en juego en los procesos electorales venideros, sino en lograr que su utilización sea consciente, responsable y transparente y que no se diluya la responsabilidad humana.

Naturalmente la preocupación no se da únicamente en Costa Rica. Desde el año pasado, IDEA Internacional y la Organización de los Estados Americanos han promovido encuentros de expertos electorales con el fin de analizar el tema de IA, elecciones y su impacto real y práctico. El Centro de Asesoría y Promoción Electoral (IIDH/CAPEL) también ha incorporado la tecnología electoral, la inteligencia artificial y la desinformación entre los asuntos de reflexión regional.

Volviendo a Costa Rica, en la actualidad se está realizando un debate normativo al respecto; el expediente legislativo n.° 24.875, “Ley para regular el uso de inteligencia artificial en los procesos electorales”, plantea reglas relacionadas con su utilización en la propaganda política, la advertencia a la ciudadanía cuando se emplee esta tecnología y límites frente a determinadas manipulaciones no consentidas de elementos vinculados con la identidad de las personas. Más allá del destino final de esa iniciativa y de las mejoras que pueda requerir su texto, su sola discusión política evidencia que el particular ya forma parte de nuestra agenda jurídico-electoral, ya que, junto con las oportunidades y eventuales beneficios, aparecen riesgos que no deberían minimizarse: autenticidad, desinformación, opacidad y dilución de responsabilidad.

Durante décadas nos hemos preocupado por transparentar quién pagaba la propaganda. En la era de la inteligencia artificial empieza a ser igualmente importante saber quién -o qué- la produjo y cómo fue transformada.

Aquí surge una de las discusiones más interesantes del momento: la trazabilidad. IDEA Internacional recomendó en 2025 desarrollar mecanismos de procedencia y etiquetado para los contenidos generados mediante IA, especialmente durante períodos electorales, de forma que los ciudadanos puedan verificar mejor su origen y autenticidad.

La respuesta tecnológica y regulatoria que empieza a construirse tiene distintas capas. Una es la etiqueta visible, que advierte que determinado contenido fue generado o alterado mediante IA. Otra es la marca de agua, visible o imperceptible. Una tercera son los metadatos incorporados a los archivos informáticos, que pueden conservar información acerca de su origen o transformación. Y una alternativa más sofisticada (como, por ejemplo, el estándar C2PA) consiste en mecanismos de procedencia verificable, capaces de registrar técnicamente parte de la historia de un contenido o producto.

Aun así, es importante hacer una acotación, una señal de procedencia no certifica que aquello que percibimos es verdadero, no sustituye el análisis racional del elector, solo permite conocer de dónde proviene el contenido y eventualmente su ciclo de vida. La trazabilidad no decide por nosotros qué debemos creer; nos proporciona información para decidir mejor en qué creer.

La tendencia global es evidente. Desde principios de este mes de agosto de 2026, la regulación europea aplica obligaciones de transparencia para determinados contenidos generados o manipulados mediante IA y contempla mecanismos legibles por máquinas, así como advertencias para ciertos contenidos sintéticos. Incluso plataformas privadas han avanzado en esa dirección: Google exige divulgar la presencia de contenido sintético o digitalmente alterado en determinados anuncios electorales cuando representa de manera inauténtica personas o acontecimientos reales; esa política se actualizó recién en julio pasado también. 

Todo ello no logra que desaparezcan los engaños en época electoral, tampoco es realista imaginar un detector infalible de falsedades; el reto es, pues, construir un ecosistema en el que resulte cada vez más fácil acreditar la autenticidad y preservar la responsabilidad. 

Un partido político, un candidato o cualquier actor electoral no puede justificar su conducta o sus contenidos alegando que “eso fue lo que dijo la IA”.

Los próximos procesos electorales, tanto municipales como presidenciales y legislativos, no pueden concebirse ya como completamente analógicos ni completamente digitales. La idea es buscar y encontrar un equilibrio entre la tradición y la innovación, tomando las ventajas de cada una con seguridad, eficiencia, libertad y responsabilidad. 

Una democracia madura como la costarricense, laureada en todo el mundo, no necesita temerle a la inteligencia artificial ni rendirse ante ella. Necesita comprenderla, aprovechar sus oportunidades, reconocer sus riesgos y establecer límites razonables allí donde puedan afectarse la libertad, la autenticidad de la deliberación o la confianza electoral. La inteligencia de máquinas puede ser artificial pero las aspiraciones democráticas, los valores y la responsabilidad no. 

*Nota: Este texto refleja únicamente opiniones del autor sin fines político-partidarios y no compromete ni representa necesariamente la posición institucional del Tribunal Supremo de Elecciones.