
Luis Guillermo Solís Rivera
Expresidente de la República
Como sucede cada cuatro años, el primer domingo de febrero concurriremos a las urnas para emitir nuestro voto en las elecciones nacionales. Allí, se definirá quiénes serán las personas que nos representen como titulares del Poder Ejecutivo y en la Asamblea Legislativa, sede de la soberanía popular. Este evento, y si fuera necesaria otra ronda el 4 de abril, es uno de varios momentos culminantes en los regímenes democráticos, ha sido definido en ocasiones como “un rito” -laico pero rito al fin- que no es más que una “costumbre o conjunto de reglas establecidas” que se repiten periódicamente. Quiero problematizar un poco esta caracterización que demerita la importancia de las elecciones para nuestro régimen político.
Estaremos de acuerdo en que mal entendidas o mal gestionadas, las elecciones pueden convertirse fácilmente en ejercicios irrelevantes y hasta perversos. Lo digo porque sometida a ellas sin comprender su verdadero papel o peor, sabiéndolo pero siendo víctima de la impericia o el fraude, la ciudadanía termina despreciándolas, pues las percibe como un mero trámite, o incluso como un refrendo mal disimulado de candidaturas espurias. Y no es para menos. Por eso, con frecuencia se oye aquello de que las “elecciones son una mera formalidad”, que “no tienen ningún valor porque siempre se termina eligiendo a los mismos”, “o que son una opción que puede no ejercerse” sin consecuencias, porque “al final de nada sirven”. Todo ello y más, en detrimento del régimen democrático y de la calidad cívica que debe sustentarlo.
En mi opinión, las elecciones -y me refiero a aquellas que en una república presidencialista y representativa como la costarricense, realiza un órgano independiente, creíble y especializado en el marco de un estado de Derecho y de una normativa electoral clara y justa (aunque siempre perfectible)-, no sólo son indispensables para legitimar a un régimen democrático. También son el único mecanismo capaz de preservarlo una vez que finaliza el mandato de Ley de quienes ejercieron el poder, se requiere acreditar el de las nuevas autoridades por medio de otra convocatoria popular.
La alternativa no es para nada halagüeña, pues implica, fuera de los modelos parlamentarios, diversas formas de continuismo, el peor de los cuales es la dictadura.
Por esa razón afirmo que votar no es una opción para quienes creemos en una democracia que funcione y nos represente. Todo lo contrario, es una obligación mayor e indeclinable. Y no porque “formalmente” se emita un voluntario o requerido por Ley, sino porque el votar o no votar es un acto íntimo e intransferible que imprime carácter a un sistema democrático. Le otorga validez y legitimidad, es decir, autoridad para actuar en nombre de quienes lo conforman.
En todo caso, la opción electoral es sobre quienes se han postulado para ejercer los distintos cargos. Ahí sí, cada persona escogerá a quien crea mejor le represente. Pero ese es otro tema que nada tiene que ver con el acto electoral como derecho humano que garantiza a todas y todos poder elegir y ser electos para cargos de representación popular. Dicho lo anterior, permítanme invitarles muy respetuosamente a votar el próximo 1º de febrero. Pocas veces su presencia en las urnas será tan trascendental para el futuro de la democracia costarricense.