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La salud pública no puede quedar subordinada a intereses políticos. Sin embargo, eso fue justamente lo que ocurrió la semana anterior, cuando la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa decidió archivar el proyecto de ley 24.624, una iniciativa del Poder Ejecutivo que buscaba regular el vapeo.
Se trataba de una legislación urgente y necesaria. El texto proponía, entre otros puntos, la creación de un impuesto del 20% sobre la importación o fabricación de estos productos, el establecimiento de un etiquetado obligatorio con información sobre las sustancias utilizadas y un marco normativo que permitiera fiscalizar su venta, especialmente a menores de edad. No era un capricho del Ejecutivo, sino una respuesta técnica a una creciente amenaza sanitaria.
¿Sobre si la propuesta se podía mejorar? Por supuesto que sí, para eso son los diputados. Para la construcción de ley, no para archivar por archivar, ni para politiquería y rencillas con el Ejecutivo.
Por eso, la decisión de enterrar esta propuesta es completamente desconcertante. Más aún, si se toma en cuenta que el último Congreso Nacional de Medicina alertó que, para finales de 2024, más de 3.500 costarricenses habrán sufrido afectaciones relacionadas con el vapeo. Y si las autoridades de salud no mienten, para el cierre de 2025 esa cifra podría duplicarse.
Estamos ante una curva epidemiológica ascendente y alarmante. De acuerdo con datos de la Caja Costarricense de Seguro Social, en 2021 se atendieron apenas 13 consultas por afecciones asociadas al vapeo. En 2022, esa cifra subió a 78. Pero en 2023, el dato se disparó: 1.456 casos atendidos. El problema no es menor. Y mucho menos marginal. El grupo más afectado son personas jóvenes entre 15 y 29 años, especialmente hombres, quienes se ven atraídos por sabores artificiales, diseños atractivos y el fácil acceso que ofrecen muchos comercios.
¿A quién beneficia, entonces, que no exista regulación? Ciertamente no a la salud pública ni a las familias costarricenses. El experto en Salud Pública de la Universidad de Costa Rica, Jeancarlo Córdoba, lo advirtió con claridad: el proyecto hubiera dotado al país de un músculo legal mucho más robusto para enfrentar esta epidemia silenciosa, que se disfraza de moda, pero se comporta como un riesgo tóxico.
Uno de los aspectos más preocupantes es la comercialización indiscriminada. Basta con pasar frente a una escuela o a un colegio para ver a adolescentes vapeando, con dispositivos que claramente fueron adquiridos sin ningún tipo de restricción. ¿Dónde están los controles? ¿Quién supervisa que, en pulperías, minisúperes o tiendas de conveniencia no se vendan estos productos a menores de edad? En la práctica, el vacío legal es una invitación abierta al negocio sin consecuencias.
Este no es un debate moral. No se trata de demonizar al vapeo como alternativa de reducción del daño para fumadores adultos. El problema es que su uso se ha banalizado, promovido incluso en redes sociales como algo “saludable”, sin advertir los efectos adversos que puede acarrear en el mediano y largo plazo. El conocimiento científico aún está en desarrollo, pero las señales de alarma son contundentes.
La Asamblea Legislativa perdió una oportunidad crucial de proteger a las futuras generaciones. Cedió ante la indiferencia, la desinformación o quizás ante otros intereses. Archivar el expediente 24.624 no solo frena un proyecto, sino que deja desprotegido a un país entero frente a una industria cada vez más poderosa y agresiva en su estrategia comercial.
El vapeo no es un juego. Es una tecnología nueva, con impactos desconocidos en muchos aspectos de la salud humana. Por eso urge un marco legal que permita una fiscalización efectiva, sanciones claras, reglas para su venta y campañas de prevención. Esperamos que el Poder Ejecutivo no claudique en su intento de retomar esta discusión y que los legisladores que hoy miran hacia otro lado, comprendan mañana el costo social de su omisión. Aún hay tiempo para legislar con responsabilidad y valentía. Pero no podemos permitir que el humo, aunque aromatizado, oculte la verdad.