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Han pasado casi diez años desde que las plataformas digitales de transporte llegaron al país revolucionando la movilidad de miles de costarricenses. Una década completa en la que los gobiernos de turno y la Asamblea Legislativa han demostrado una incapacidad alarmante para generar un marco regulatorio que resuelva de una vez por todas el conflicto entre taxistas tradicionales y conductores de estas aplicaciones.
Como lo confirma el viceministro de Transportes, Carlos Ávila, los proyectos de ley que buscan regular estas plataformas se encuentran literalmente “enterrados” en las comisiones legislativas, ahogados en un mar de mociones que evidencian más la falta de voluntad política que la complejidad técnica del tema.
El error fundamental en este debate ha sido plantear que la solución pasa por someter a las plataformas digitales a las mismas regulaciones engorrosas y obsoletas que rigen el transporte tradicional. Esta aproximación no solo es anacrónica, sino que constituye una traición a los principios de libre mercado y competencia que deberían regir una economía moderna.
Los taxistas tradicionales, comprensiblemente preocupados por la competencia, han ejercido presión política para que se nivele hacia abajo la cancha de juego. Sin embargo, la respuesta correcta no es arrastrar a las plataformas digitales al pantano burocrático que ha caracterizado al sector transporte durante décadas, sino modernizar y flexibilizar las regulaciones para todos los actores.
En medio de esta batalla campal entre intereses gremiales y la inercia legislativa, se ha perdido de vista al verdadero protagonista de esta historia: el usuario. Los costarricenses han votado con sus billeteras y sus teléfonos móviles, eligiendo masivamente las plataformas digitales por razones evidentes: mayor comodidad, transparencia en precios, trazabilidad de los viajes, sistemas de calificación y, en muchos casos, mejor servicio al cliente.
Esta preferencia del consumidor no es caprichosa; es el resultado de décadas de frustraciones con un sistema de transporte tradicional que, protegido por barreras regulatorias, se había acomodado en la mediocridad. La llegada de la competencia digital expuso estas deficiencias y ofreció alternativas que los usuarios abrazaron con entusiasmo.
El gobierno debe entender que su papel no es proteger modelos de negocio obsoletos, sino garantizar que la competencia se desarrolle en condiciones justas y transparentes. Esto significa establecer reglas del juego claras que permitan la coexistencia de ambos sistemas, cada uno compitiendo por ofrecer el mejor servicio posible.
Una regulación inteligente debería enfocarse en aspectos fundamentales como la seguridad de los usuarios, la protección de datos, estándares mínimos de servicio y mecanismos de resolución de conflictos. Pero debe evitar caer en la trampa de imponer cargas burocráticas que ahoguen la innovación o encarezcan artificialmente los servicios.
Es hora de que tanto el Poder Ejecutivo como la Asamblea Legislativa asuman su responsabilidad y superen las presiones de grupos de interés particulares.
El objetivo debe ser claro: crear un marco regulatorio que permita la coexistencia competitiva de diferentes modelos de transporte, donde el usuario final sea el gran beneficiado. Un sistema donde la calidad del servicio, la eficiencia y la innovación sean los factores que determinen el éxito, no las barreras artificiales o la protección gremial.