El trabajo dignifica al ser humano. Esta premisa debe aplicarse sin excepción, incluso dentro de los centros penitenciarios. La reforma que plantea el Ministerio de Justicia y Paz, bajo el liderazgo del ministro Gerald Campos, para que los reclusos tengan la obligación de trabajar, es un paso en la dirección correcta.
No se trata solo de una medida para reducir el ocio en las cárceles, sino de una estrategia clave para la verdadera reinserción social de quienes cumplen una pena privativa de libertad.
Actualmente el sistema penitenciario costarricense opera con una serie de reglamentos que generan desorden e inconsistencias.
La falta de una legislación clara y unificada en esta materia ha provocado que las políticas de rehabilitación y reinserción laboral de los reos sean intermitentes y poco efectivas.
El proyecto de Ley del Sistema Penitenciario Nacional busca cambiar este panorama, estableciendo lineamientos específicos para que los privados de libertad estudien y trabajen de manera obligatoria durante su reclusión.
El ministro Campos ha destacado la importancia de contar con una estructura legal que permita integrar a los reclusos en el mundo laboral. La Estrategia Brete, impulsada por el Gobierno, ha identificado a al menos 1.500 con un perfil bajo de peligrosidad, quienes, con la debida motivación y capacitación, podrían salir de prisión directamente a un empleo formal.
Este es un mecanismo que no solo les permite reinsertarse, sino que también reduce las tasas de reincidencia y disminuye la carga económica que representan para el Estado.
Uno de los principales obstáculos que enfrenta esta propuesta es el estigma social. Aún existe un fuerte rechazo en el sector productivo a la contratación de personas que han pasado por el sistema penitenciario.
Sin embargo, es urgente que la sociedad entienda que la reinserción laboral de los exconvictos no solo es un beneficio para ellos, sino para toda la comunidad.
Cada persona que logra integrarse en el mercado laboral y mantener un empleo digno es un individuo menos en riesgo de volver a delinquir, un contribuyente más para el país y un actor productivo en la economía.
Además la obligación de trabajar dentro de la cárcel contribuiría a aliviar la sobrepoblación y los problemas de convivencia que surgen del ocio y la falta de ocupación entre los privados de libertad.
En muchos casos la inactividad en los centros penales fomenta la violencia, el tráfico de drogas y la consolidación de redes criminales.
La implementación de un sistema de trabajo penitenciario estructurado permitiría reducir estos conflictos internos y generar un ambiente más seguro y productivo dentro de las prisiones.
La experiencia internacional demuestra que los programas de trabajo en prisión son altamente efectivos. Países como Alemania y Noruega han logrado tasas de reincidencia menores al 30%, gracias a políticas penitenciarias enfocadas en la educación y el empleo. Costa Rica no debe seguir postergando una reforma de esta naturaleza.
Si realmente queremos combatir la criminalidad desde la raíz es imprescindible generar oportunidades para quienes han cometido errores y buscan una segunda oportunidad.
Es momento de que el sector productivo, las autoridades penitenciarias y la sociedad en general trabajen juntos para garantizar que esta reforma no quede en el papel.
La reinserción social no es una utopía, sino una necesidad urgente para construir un país más seguro y con más oportunidades para todos.
Esperamos que la Asamblea Legislativa pueda conocer pronto este proyecto de ley, una vez sea presentado por el ministro de Justicia y Paz.
Es momento de avanzar hacia modelos que han tenido éxito en otras latitudes, incluso en nuestro pasado, cuando aquellos miles de pupitres que inundaban las aulas eran hechos a mano por la población privada de libertad.
Esos ejemplos son los que debemos retomar, ahora no como simples convenios, sino con un rango de ley, para que se pueda convertir en una política de Estado.