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La aprobación en lo general de una nueva ley de la Policía Nacional está reabriendo un debate necesario sobre la naturaleza de la subordinación de la institución policial a la Presidencia de la República y cómo ésta se ejerce, desde el 2007 hasta ahora, bajo el mando político del comandante Daniel Ortega.
Se trata de un tema de enorme relevancia para el país, porque nadie puede ignorar los grandes avances que hemos alcanzado en los últimas dos décadas en materia de seguridad ciudadana, y en la aplicación de un modelo policial preventivo del delito con la participación de la comunidad. Estos logros representan un patrimonio nacional que, incluso, podrían ser “exportables” a la región según los organismos de cooperación internacional. En consecuencia, sería más que deseable preservar este proceso de profesionalización de la institución liderado con grandes sacrificios por una generación de policías, y blindar a la PN ante las influencias político-partidarias del gobierno de turno. Lamentablemente, está ocurriendo todo lo contrario.
Los promotores de la nueva ley alegan que únicamente están ajustando el armazón legal de la policía y la existencia de sus nuevas especialidades a los cambios constitucionales aprobados en enero pasado, para facilitar su puesta al día y modernización. Al tenor de ese modelo político que establece la reelección presidencial indefinida, la nueva ley permite la “reelección de los jefes policiales” de la mano del Presidente o “Jefe Supremo” de la policía.
En el nuevo articulado se eliminó el artículo 80 de la ley 228, aprobada durante la transición política en 1996. Esa norma clave para fomentar una meritocracia en los procesos de ascenso en el escalafón de la carrera policial, indicaba que el Director General de la Policía Nacional sería nombrado por el Presidente de la República “a propuesta del Ministro de Gobernación entre los miembros de la Jefatura Nacional”. Y de manera taxativa fijaba en cinco años no prorrogables el período de su cargo: “El Director General tendrá una permanencia de cinco (5) años en el cargo y concluido este período pasará a retiro”. En la nueva ley “Ortega-Granera”, en cambio, desaparece el plazo límite del jefe policial y ahora, igual que el jefe del ejército en el nuevo Código Militar, éste ya no está sujeto a la ley sino a la discrecionalidad presidencial.
Según el nuevo artículo 48 “el Director (a) General de la Policía Nacional será nombrado por un período de cinco (5) años por el Presidente de la República en su carácter de Jefe (a )Supremo (a) de la Policía Nacional entre los miembros de la Jefatura Nacional (…) El Presidente (a) de la República, de acuerdo a intereses de la nación, podrá prorrogar en el cargo al Director (a) General de la Policía Nacional. Vencido el periodo para el cual fue nombrado un Director (a) General, continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que se haga efectivo el nombramiento y toma de posesión del cargo del nuevo Director (a) General que le ha de suceder.” A renglón seguido agrega que también los subdirectores de la policía son ‘prorrogables” en sus cargos. En otras palabras, a partir de ahora el ¨Supremo¨ tendrá la potestad de mantener de forma indefinida a los jefes policiales en sus cargos, imponiendo un tapón en las aspiraciones profesionales de otros miembros del cuerpo armado. Esta involución en las normas que rigen el desarrollo de la carrera policial inevitablemente tendrá un efecto negativo en el proceso de profesionalización de la policía a mediano plazo, pero el mayor daño, irreversible a lo inmediato, radica en que Ortega está sembrando la nefasta semilla del clientelismo político en la cúpula del cuerpo policial.
Con la nueva ley no solo se eliminan las funciones de intermediación asignadas antes al Ministerio de Gobernación, sino que ahora el propio Presidente de la República en su condición de “Jefe Supremo” pasa a ser parte integral del mando policial como eslabón superior. Según el capítulo II de la nueva normativa, Ortega, erigido en el “Policía Supremo”, tiene prerrogativas ilimitadas sobre los mandos policiales, que ya no están sujetos a la ley sino únicamente sometidos al principio de obediencia absoluta ante el “Supremo”.
Esta aberración jurídica evidencia una desmedida ambición de poder, pero al menos tiene la virtud de mostrar, a los que hoy lucen indiferentes, un espejo fiel del laberinto que nos depara el futuro. Porque el problema de fondo aquí nunca ha sido que se proclame la subordinación de la policía al Presidente o al poder civil —un principio constitucional elemental— sino que dicha subordinación se practica con marcada discrecionalidad política, violando la misma ley y las obligaciones constitucionales de la Policía Nacional.
Veamos un ejemplo concreto: el caso de #OcupaINSS, que se ha convertido en un test emblemático de cómo funciona la policía bajo el mando de Ortega. El próximo 22 de junio se cumple un año de la agresión y el asalto que sufrieron en el centro de Managua 50 jóvenes de ese movimiento que se solidarizaban con el reclamo social de los adultos mayores. Una protesta pacífica que fue reprimida con violencia por fuerzas de choque de la Alcaldía de Managua y de la Juventud Sandinista. Hay decenas de testigos, filmaciones y testimonios que señalan no solo quienes fueron los responsables directos de este atentado a la libertad de movilización, sino además confirman la abierta complicidad de la Policía Nacional.
La policía apañó un acto de violación a la ley, con motivaciones políticas, pero también, y esto es todavía más insólito, se convirtió en cómplice de un asalto masivo y del robo de siete vehículos, que 24 horas después fueron trasladados por órdenes superiores a la Dirección de Auxilio Judicial de la policía, conocida como El Chipote.
Impunidad. Ya ha transcurrido un año desde que ocurrieron estos actos delictivos y aparte de bolearse y burlarse de las víctimas, ni la policía ni la fiscalía han presentado el resultado de alguna investigación. Igual que ocurrió con las denuncias de torturas en las celdas policiales de Nueva Guinea, presentadas por los que protestaban contra el fraude electoral en noviembre del 2012, es evidente que esta flagrante violación a la ley quedará en la impunidad.
¿Puede la primera comisionada Aminta Granera seguir alegando que le debe obediencia al “Jefe Supremo”, y por tanto está obligada a acatar cuando éste le ordena no investigar una violación a la ley? ¿Puede el Inspector de la Policía desentenderse de su compromiso con la ley, cuando la jefa policial reproduce las órdenes del “Supremo” que mandan no investigar, aun cuando se han cometido actos delictivos?
¿Acaso los jefes policiales no se han percatado de la crisis de confianza que ha causado en las mismas filas de la institución la existencia de un doble estándar en la aplicación de la ley a los ciudadanos, mientras se establecen precedentes de impunidad sin ninguna justificación?
Pero no se puede responsabilizar a los oficiales y miembros de la Policía Nacional por un mal que no es el resultado de un acto deliberativo de la institución, sino de una decisión exclusiva de la jefatura policial. Durante los tres gobiernos que antecedieron al de Daniel Ortega, cuando el Ejecutivo intentó utilizar a la Policía para fines políticos se produjeron fuertes tensiones, hubo resistencia de los jefes policiales y hasta despidos arbitrarios, pero la institución sobrevivió. La diferencia ahora es que sea por alineamientos políticos o por mero oportunismo político y económico, se está produciendo una mimetización de una parte del mando policial con el liderazgo autoritario del presidente Ortega, a costa de la institución.
En un país que durante 45 años padeció la imposición de la guardia pretoriana de Somoza hasta derrocarla en 1979, resulta escalofriante la falta de memoria histórica de los actuales gobernantes. Al parecer suponen que el modelo actual de control político y represión selectiva puede funcionar mejor con una policía parcializada. Pero nada de esto será sostenible, sin represión y violencia, en el momento en que surja una oposición beligerante. Una policía con inclinaciones partidarias, como la que Ortega pretende institucionalizar, más bien sembrará desconfianza, resistencia y división. Lo único que puede asegurarle al país estabilidad a largo plazo es el camino de la tolerancia, un sistema electoral libre, competitivo y transparente, y una Policía Nacional obediente de la ley al servicio de todos.
*Periodista, director de Confidencial y Esta Semana.