El sector agrícola, libre comercio y competitividad

El pasado 28 de octubre, la presidenta de la República, Laura Fernández, manifestó que no firmará el Acuerdo Transpacífico y que procederá a archivarlo.

Desde la formulación de la teoría de las ventajas comparativas en 1817, la Economía demuestra que el libre comercio (cero aranceles) es la política comercial más ventajosa para cualquier nación, incluso cuando los socios comerciales mantengan posturas proteccionistas. El proteccionismo crea rentas extraordinarias para pequeños grupos de productores; pero a su vez castiga a millones de consumidores.

Algunos sectores, entre ellos el agrícola, temen ante una mayor apertura comercial. Sin embargo, sus dificultades para competir se deben al exceso de Estado, al abuso de la carga tributaria, a la complejidad regulatoria y excesivas cargas sociales que elevan demasiado los costos de producción a tal punto que les impide competir.

Para mejorar la competitividad del agro y de los demás sectores productivos, se requiere lo siguiente:

1. Desregular el sistema financiero para promover la libre competencia, tomando como ejemplo los sistemas financieros de Panamá o Singapur. Con esto lograremos bajar las tasas de interés activas, simplificar los requisitos de crédito y ampliar los plazos de financiamiento.
2. Romper el monopsonio del ICE en el mercado de la generación eléctrica, permitiendo la competencia en el mercado para reducir significativamente las tarifas eléctricas. Simultáneamente debemos romper el tope que tienen los generadores privados de electricidad.
3. Eliminar el monopolio de Recope para abaratar los precios de los combustibles.
4. Sustituir el actual impuesto sobre la renta por una tarifa plana del 15%, tal como lo plantea el premio Nobel de Economía 2026, Robert E. Hall, en su obra “The Flat Tax”.
5. Reducir las cargas sociales para incentivar la formalidad y la competitividad empresarial.
6. Reducir y eliminar impuestos. Para ello es indispensable cerrar muchas de las más de 350 entidades públicas que tenemos. Entre ellas Mideplan, ICT, Inamu, Infocoop, Ifam, Cosevi, CNP, Defensoría de los Habitantes, Micitt, Agencia Espacial, las municipalidades, BCCR, etc.
7. Cerrando entidades públicas innecesarias, podemos reorientar los recursos ahorrados hacia la inversión en infraestructura como autopistas, puertos y aeropuertos de primer mundo.

Si el objetivo de la política económica fuese el bienestar genuino de Costa Rica, se priorizaría en la eliminación de todos los aranceles en el menor tiempo posible, complementada con una disminución de la intervención estatal. Por el contrario, si lo que pretende es proteger a grupos de presión, y con ello explotar al consumidor, entonces no firmar el Acuerdo Transpacífico y archivarlo es la decisión “correcta”.