Pese a todo el proceso de advertencias a través de los medios de comunicación, a fin de enmendar los entuertos contemplados en la Ley de Delitos Informáticos o “Ley Mordaza” recién aprobada en el Congreso, la presidenta de la República, Laura Chinchilla, estampó su firma de aprobación el 10 de julio del 2012. Ese fue el inicio de una lucha nacional de nueve meses que esta semana comenzó a dar frutos tras alcanzarse el primer debate a la reforma “antimordaza”.
Tras la sanción solo faltaba su publicación en el Diario Oficial La Gaceta para su ejecútese. Las negociaciones de los medios de prensa, entre ellos el Grupo Extra, y el Colegio de Periodistas con los diputados y miembros del Poder Ejecutivo nunca pararon.
Pese a todo el proceso de advertencias a través de los medios de comunicación, a fin de enmendar los entuertos contemplados en la Ley de Delitos Informáticos o “Ley Mordaza” recién aprobada en el Congreso, la presidenta de la República, Laura Chinchilla, estampó su firma de aprobación el 10 de julio del 2012. Ese fue el inicio de una lucha nacional de nueve meses que esta semana comenzó a dar frutos tras alcanzarse el primer debate a la reforma “antimordaza”.
Tras la sanción solo faltaba su publicación en el Diario Oficial La Gaceta para su ejecútese. Las negociaciones de los medios de prensa, entre ellos el Grupo Extra, y el Colegio de Periodistas con los diputados y miembros del Poder Ejecutivo nunca pararon.
Pero de manera sorpresiva y como un balde de agua fría, el 6 de noviembre fue publicada “la reforma de varios artículos y modificación de la sección VIII, denominada delitos informáticos y conexos, del título VII del Código Penal”.
Ese hecho motivó que las negociaciones, desde ese momento y por meses, se intensificaran, así como la campaña mediática de las implicaciones, que incluyó participación en diferentes foros para explicar los alcances de la ley, que no solo afectaría a los medios de comunicación o los periodistas, sino que limitaría la denuncia ciudadana, que por años reinó en la democracia de Costa Rica.
ESFUERZO CIUDADANO
La presión también sumó acciones ante la Sala Constitucional por parte de ciudadanos, organizaciones de derechos humanos, la prensa y la Defensoría de los Habitantes. Entonces al Poder Ejecutivo no le tocó más que enviar el proyecto a la Asamblea Legislativa.
Interminables reuniones se efectuaron entre las partes, pese a presiones, se logró un documento sustituto el cual eliminaba delitos y flexibilizaba conceptos y penas. Además eliminó el castigo a publicación de secretos políticos. ¡Se alcanzó el dictamen en la Comisión de Derechos Humanos!
A como estaban las cosas, se esperaba que se le diera el primer debate a la “ley antimordaza” antes del receso de Semana Santa, y cuando todo apuntaba a que sí el ausentismo de diversos legisladores ganó la partida y no se logró el cometido.
Las conversaciones siguieron y de manera sorprendente el martes, a eso de las 10:33 p.m. y tras una reñida jornada de presión entre los diputados, el texto sustitutivo alcanzó la aprobación en primer debate con el aval de 43 diputados y dos en contra.
Pero no ha conluido la lucha, aún falta el segundo debate a la iniciativa programado para el próximo martes. Si eso sale bien el Gobierno debe sancionarlo y enviarlo a publicar de nuevo en La Gaceta, sólo hasta entonces habrá muerto la mordaza.