Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
Los ciudadanos por medio del voto universal son en primera instancia los que ayudan a conformar los integrantes del primer poder de la República, nombrando para tal efecto 57 diputados y de igual forma las autoridades del Poder Ejecutivo, en ellos queda delegada la representación de todo el pueblo.
Es la Asamblea Legislativa la encargada de nombrar magistrados para darle estructura jerárquica al Poder Judicial, para que administre la justicia de manera transparente y eficiente en aras de cumplir con la máxima aspiración de una justicia pronta y cumplida.
El pueblo soberano le quiere recordar de manera respetuosa a las señoras y señores diputados que guarda la esperanza que en el Parlamento de Costa Rica se estructuren leyes que cierren todos los portillos para evitar que terceros afecten con sus actuaciones el patrimonio del Estado, como sucede actualmente en Crucitas, leyes que faculten la revocatoria de mandato, leyes que promuevan la lucha contra la impunidad, de tal forma que los delitos contra el Estado no prescriban y se paguen con patrimonio propio y cárcel, leyes que generen empleo, leyes que reactiven la economía, leyes que protejan la seguridad social y fortalecimiento del IVM.
Leyes que no les pongan impuestos a los medicamentos y logren el control de precios de estos, en aras de proteger la salud de los ciudadanos, leyes que no permitan que grandes consorcios empresariales puedan evadir el pago de impuestos, leyes que obliguen a los contrabandistas a pagar con cárcel y su patrimonio la evasión de impuestos, leyes que generen impuestos temporales solidarios a los capitales superiores a un millón de dólares, leyes que no permitan bajo ninguna forma otorgar contratos a empresas que tengan deudas con la CCSS o hayan sido cuestionadas en el extranjero por actuaciones inadecuadas para conseguir contratos.
Leyes que reactiven la producción agropecuaria y generen créditos blandos para los pequeños y medianos productores, leyes que decreten una moratoria transitoria en el cobro de los créditos en el sector agropecuario y que la aprobación de presupuestos ordinarios y extraordinarios a solicitud del ejecutivo por la Asamblea Legislativa permitan favorecer a las instituciones estatales de bien social y estratégicas para el desarrollo del país y que de todos esos presupuestos se eliminen partidas para la publicidad, consultorías innecesarias y viajes fuera del país.
Que los empréstitos, de ser necesaria su aprobación, se utilicen no para debilitar el Estado sino que permitan su buen funcionamiento, la consolidación de un verdadero modelo de desarrollo económico caracterizado por la generación de empleos, la incubación de una red empresarial robusta y altamente competitiva tanto en el ámbito nacional como internacional, que genere trabajo, prosperidad, insumos, bienes y servicios entre otros beneficios, desde luego sin comprometer la estabilidad institucional y macroeconómica del país.
La situación económica que desde antes de la pandemia era difícil con un alto desempleo y poca reactivación económica se agravó con la pandemia Covid-19 llegando en la actualidad a un desempleo superior al 24% y al cierre de muchas empresas y una reactivación del turismo muy lenta que hasta hace poco estaba en tasa cero de visitación provocando grandes estragos en ese sector. Los despidos generados por la crisis, el ingreso de trabajadores a la informalidad y las reducciones de jornadas laborales en el sector privado han provocado una disminución significativa de ingresos a la CCSS que pone en serios problemas a esta institución que tiene una gran importancia para la seguridad social y la salud de todos los costarricenses.
Si a lo anterior sumamos los más de seis billones de colones de deuda que tiene el Estado con la CCSS, se vislumbran tiempos difíciles con esta institución y entonces con justa razón el pueblo libre y soberano debe estar vigilante y organizado para valorar las actuaciones de los funcionarios públicos encargados de ejecutar transitoriamente las políticas esenciales para el buen funcionamiento del Estado costarricense.
El pueblo soberano recuerda a sus representados que rechaza la estrategia de diezmo prestatario de manipulación del Ejecutivo para que los diputados aprueben créditos internacionales que en nada resuelven la gran deuda que tiene el Estado con la CCSS ni mucho menos resuelvan el problema estructural, cuál es la reactivación de la economía y la generación de empleo entre otros rubros.
La Asamblea Legislativa debe escuchar el sentimiento del pueblo soberano y bajo ninguna circunstancia debería permitir la aprobación para que, por la vía libre, el Ejecutivo negocie directamente con el Fondo Monetario Internacional, no es procedente excluir a la fracciones parlamentarias en este proceso y esta negociación, no se puede dar a puerta cerrada, debe ser transparente y de cara al pueblo y con la participación de los tres Poderes de la República, sin comprometer el futuro de la patria y sus Instituciones.