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Cuando aún no amanecía en gran parte del país, cientos de agentes judiciales ya estaban en movimiento. Desde Limón hasta el Valle Central, caravanas de vehículos policiales avanzaban hacia hoteles, fincas, viviendas, comercios e incluso centros penitenciarios. El objetivo era uno: Golpear la estructura que, según las autoridades, continuó operando tras la extradición de Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”.
En las primeras horas del martes 23 de junio comenzó lo que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) califica como el operativo más grande realizado en su historia y, posiblemente, en el registro policial costarricense.
En total, 1.500 funcionarios participan en las diligencias que abarcan 96 propiedades y 141 estructuras ubicadas en Limón, Cartago, Heredia, Alajuela, Tres Ríos, Turrialba y dos centros penitenciarios: La Reforma y La Leticia.
La investigación arrancó en julio de 2024 y permitió a las autoridades reconstruir lo que consideran la evolución de una organización criminal que no desapareció con la salida de su líder hacia Estados Unidos. Por el contrario, según el OIJ, la estructura habría permanecido activa bajo el control de familiares y colaboradores cercanos.
Entre los principales objetivos figuran varios hijos de López Vega, quienes habrían asumido roles clave dentro de la organización. También aparecen personas de confianza, allegados y la pareja sentimental del extraditado, quien actualmente se encuentra fuera del país.
Las pesquisas apuntan a una red dedicada al tráfico local e internacional de drogas, legitimación de capitales y una privación de libertad ocurrida en enero de 2025. La víctima de ese caso continúa desaparecida.
Durante casi dos años de investigación, los agentes realizaron cerca de 300 operativos de vigilancia, seguimientos y otras diligencias que permitieron decomisar aproximadamente 960 kilos de cocaína y 3.200 kilos de marihuana.
Según la hipótesis policial, la organización mantenía estrechos vínculos con el grupo criminal colombiano conocido como Los Costeños, originario de Barranquilla. La droga salía desde la costa atlántica colombiana y llegaba al Caribe Sur costarricense, principalmente a sectores como Cahuita, donde era almacenada antes de ser trasladada al Valle Central para su distribución.
Las autoridades también vinculan esta estructura con otras organizaciones criminales previamente investigadas, entre ellas los grupos de “La H”, “Chock”, y una red que utilizaba una empresa de seguridad como fachada para almacenar y distribuir droga en San José.
Operativo no solo busca capturas
Los investigadores pretenden golpear el músculo financiero de la organización mediante la inmovilización y eventual decomiso de decenas de bienes adquiridos presuntamente con recursos provenientes del narcotráfico.
Entre los activos intervenidos figuran seis hoteles, un redondel de toros, restaurantes, viviendas de alquiler turístico, un gimnasio, una cancha de Fútbol 5, seis fincas ganaderas, más de un centenar de vehículos y cientos de cabezas de ganado.
De acuerdo con los registros oficiales, el valor de los bienes supera los ¢2.600 millones, aunque las autoridades estiman que su valor real podría acercarse a los ¢10 mil millones.
Al cierre de la mañana, el OIJ reportaba 58 personas detenidas, de las cuales 18 ya se encontraban privadas de libertad. Además, continuaban las labores para ubicar a más de una veintena de sospechosos.
Debido a la cantidad de bienes intervenidos y el alcance de la investigación, el caso ya quedó registrado como uno de los mayores golpes policiales contra el crimen organizado en Costa Rica.
Dos policías penitenciarios entre los detenidos
Entre las personas detenidas durante el operativo Riverside figuran dos oficiales de la Policía Penitenciaria, quienes, según la investigación del OIJ, habrían colaborado con la estructura criminal liderada por alias “Pecho de Rata”.
De acuerdo con Soto, ambos funcionarios presuntamente facilitaban sus teléfonos celulares para que López Vega mantuviera comunicación con familiares y miembros de la organización mientras permanecía privado de libertad.
Los dos oficiales fueron capturados durante los allanamientos realizados y ahora forman parte del expediente que investiga presunto narcotráfico, legitimación de capitales y otros delitos.
Así operaba la estructura investigada
Según la investigación del OIJ, la organización criminal utilizaba la costa Caribe de Costa Rica como punto de ingreso para cargamentos de droga provenientes de Colombia.
Las autoridades sostienen que las embarcaciones llegaban principalmente a sectores de Cahuita y otras zonas del Caribe Sur, donde la droga era descargada y almacenada en bodegas y caletas clandestinas.
Posteriormente, los cargamentos eran trasladados hacia el Valle Central, donde otras células de la organización se encargaban de la distribución de cocaína y marihuana.
El OIJ también señala que la estructura mantenía presuntos vínculos con el grupo criminal colombiano Los Costeños y que los recursos obtenidos del narcotráfico habrían sido invertidos en hoteles, fincas ganaderas, comercios, vehículos de alta gama, alquileres turísticos y otras actividades utilizadas, en apariencia, para legitimar capitales.
¿Por qué se llama caso Riverside?
Michael Soto, director interino del Organismo de Investigación Judicial, explicó que la pesquisa lleva ese nombre porque la operación criminal se desarrollaba entre el mar y un río. “Vamos a la orilla”, solían decir los miembros del grupo criminal, explicó el jefe policial.
Las autoridades desconocen si se referían al río Sixaola, pues este martes se intervino una finca ganadera en esa zona, a pocos metros de la ribera de ese río, colindante con Panamá.




