Es indudable que la situación económica actual ha impactado severamente el Estado Social de Derecho de bienestar que nuestro país había venido disfrutando hasta hace unos años. Elevados niveles de desempleo y subempleo, incremento de la pobreza, exclusión social, discriminación, incumplimiento de la legislación social laboral, sobresalen hoy día en una Costa Rica cuyas políticas nacionales no han sido un acierto en el combate de estas enfermedades sociales. Decisiones apuntadas a la implementación de incentivos fiscales y de atención a la empleabilidad no han pasado de ser simples ilusiones retóricas sin ninguna eficacia y más bien han dado lugar a la existencia de un desempleo estructural, con la consecuente afectación en la actividad productiva de muchas empresas y el deterioro en los derechos humanos fundamentales en materia de trabajo. Un modelo que no ofrece respuestas satisfactorias a los ciudadanos en cuestiones tan esenciales como el empleo, la inserción social, la salud y la educación, expulsando del sistema, a sectores vulnerables, divorciando la ética de la economía, sin dejar espacio a la justicia social y a la solidaridad.
En ese marco, sin lugar a dudas, el mundo del trabajo ha sido de los más afectados, por lo que se requieren políticas de empleabilidad y fiscalización laboral, que distribuyan el trabajo con programas para los más desfavorecidos, con inversión en formación profesional, educación técnica, implementación de acertadas políticas que lleven a una verdadera cultura de cumplimiento laboral, garantizando así, generación de empleo digno con profundo respeto a los derechos laborales y prestaciones sociales entre trabajadores y empleadores.
Costa Rica, suscribió hace unos años, el “Programa Nacional sobre Trabajo Decente” con el auspicio de la OIT, sobre la base de cuatro prioridades a saber, protección y respeto de la normativa laboral, promoción de políticas de empleo y mercado de trabajo, formación profesional a los grupos más afectados por el desempleo por su vulnerabilidad, ampliación de la protección social y finalmente, fortalecer el diálogo social tripartito y bipartito, que en palabras de Carmen Moreno, Directora de la Oficina de la OIT para América Central, Haití, Panamá y República Dominicana, debe ser “constructivo, efectivo y de buena fe”.
Hoy más que nunca, se hace impostergable, reformular dicho Programa, en atención a estas nuevas formas del trabajo, producto de la incursión de la tecnología y los efectos del Covid-19, que han precipitado novedosos escenarios laborales, caracterizados por la virtualidad o presencialidad en la prestación de servicios (teletrabajo, plataformas) en importantes actividades productivas, y paralelamente, una creciente informalidad y precarización del trabajo, con las consecuencias sociales, económicas y jurídicas en los trabajadores y empresas.
Desde esta perspectiva, se hace impostergable, que esa reformulación se trabaje a partir del diálogo formal entre los actores sociales, en cuyo caso, una de las instancias idóneas, es el Consejo Superior de Trabajo, creado por Decreto Nº 36157 MTSS, y de esa forma, garantizar seguridad a los trabajadores y empresas adecuando los objetivos y estrategias a una plena adaptación a las transformaciones que nos da hoy día, el mundo del trabajo.
*Miembro Comisión
Derecho Laboral