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Las principales organizaciones sindicales del sector educativo rechazaron las declaraciones de la presidenta de la República, Laura Fernández, quien calificó de “vagabundos” a los funcionarios que participaron en la huelga del miércoles 11 de noviembre y aseguró que la manifestación era ilegal.
La mandataria también advirtió que rebajaría el día de salario a quienes participaron en la protesta, pese a que todavía no se ha determinado oficialmente la legalidad del movimiento.
Las reacciones llegaron desde la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC) y la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), cuyos representantes exigieron respeto para el magisterio.
“Las y los trabajadores de la educación no son unos vagabundos. Son personas dignas, trabajadoras y comprometidas con Costa Rica”, manifestó Dennis Solís, presidente de APSE.
El dirigente cuestionó que la mandataria utilice expresiones despectivas contra quienes defienden sus derechos y señaló que los educadores enfrentan centros educativos deteriorados, falta de recursos y pagos atrasados.
Gilbert Díaz, presidente del SEC, también rechazó las declaraciones de Fernández y del ministro de Educación, Leonardo Sánchez, contra los dirigentes sindicales y los trabajadores.
“Se equivocan profundamente quienes creen que insultando al magisterio van a silenciar sus demandas”, expresó Díaz.
El representante sindical defendió el papel de las organizaciones para denunciar los problemas del sector y exigir respuestas.
“La libertad sindical y la organización y la protesta son expresiones fundamentales de la democracia. Que lo tengan muy claro. El magisterio no se arrodilla ante los insultos, no renuncia a sus derechos y no abandona las causas justas”.
Por su parte, Gilda Montero, presidenta de ANDE, exigió a Fernández retractarse por la forma en que se refirió a los educadores.
“Los educadores en Costa Rica han sido pilar fundamental para el desarrollo de esta nación y no aceptamos de ninguna manera los calificativos con que fuimos tratados el día de ayer”, manifestó Montero.
La dirigente insistió en que los trabajadores de la educación merecen respeto por su aporte al país y rechazó que se les descalifique por ejercer su derecho a manifestarse.
Los educadores marcharon por el cumplimiento del 8% del PIB para educación y el pago de la deuda estatal con Jupema, así como la igualdad salarial para los docentes.