Este lunes se sabrá si el Ministerio Público podrá contar con las pruebas bancarias traídas desde un banco de Bahamas, el paraíso fiscal por excelencia, para demostrar la comisión del delito de defraudación fiscal, en el caso que sigue contra el Grupo Nación.
A las 8:30 a.am. de este lunes el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, sede Goicoechea, dará a conocer la resolución en torno a la apelación que interpuso la fiscalía, contra la decisión de una jueza de rechazar una de las pruebas más importantes del caso.
A principios de año los abogados de los acusados solicitaron la anulación de una de las pruebas más importantes, que está relacionada con los movimientos bancarios de los acusados en su cuenta en un banco en Bahamas.
En esta oportunidad la jueza Juliana Hernández se reservó todo el tiempo necesario para resolver la solicitud, por lo que luego notificó por escrito, de la anulación.
Ante esto la fiscalía solicitó una audiencia ante el superior jerárquico del juzgado que es el Tribunal, la cual fue fijada para la semana pasada, no obstante fue pospuesta para este jueves.
Dicha audiencia se postergó hasta las 9 p.m. por lo que el juez se marchó a deliberar y preparar la resolución, la cual será dada a conocer este lunes.
El proceso contra el Grupo Nación y tres de sus principales personeros es uno de los más viejos viejos de la historia judicial costarricense por cuanto lleva 9 años, y todavía no se tiene certeza si llegará a o no juicio ya que los abogados han usado todos los subterfugios legales para atrasarlo, y así evitar una posible condena.
A tal extremo se ha llegado que hasta han solicitado la prescripción del caso, conciliación, anulación de pruebas y otros recursos legales disponibles.
El caso contra esa empresa editora por la por supuesta defraudación fiscal, por ¢1.918 millones duerme el sueño de los justos en los estrados judiciales, desde hace casi 10 años.
El asunto fue elevado al Ministerio Público en 2004 por Tributación Directa que se dio cuenta que la empresa La Nación, S.A. habría fingido la venta de dos rotativas a la sociedad Capital Leasing Corporation, por un monto de $2 millones. Sin embargo las inmensas máquinas nunca salieron de las instalaciones de esa empresa en Llorente de Tibás.
Capital Leasing Corporation de Belice, a su vez, habría simulado la venta de la misma rotativa a Arrendadora Interfin, S.A. por la suma de $5 millones, generando una ganancia a la compañía de Belice de $3 millones.
Esos $3 millones en apariencia lo pierden los demás accionistas de La Nación, pero el gran perdedor es el Ministerio de Hacienda, por los impuestos no pagados por la utilidad generada por el extrañísimo negocio entre esas empresas.