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El caso del Liceo de Tobosi no es solo la historia de 345 estudiantes hacinados en aulas improvisadas de un salón parroquial. Es el reflejo descarnado de un Estado incapaz de cumplir con su deber más fundamental: garantizar educación de calidad para todos sus ciudadanos. Diecisiete generaciones han pasado por este centro educativo sin contar jamás con instalaciones dignas, mientras cinco gobiernos consecutivos han fallado en resolver un problema que no tiene justificación alguna en pleno siglo XXI.
Esta realidad lacerante cobra dimensiones aún más preocupantes cuando se analiza en el contexto de la crisis educativa nacional. Costa Rica, que alguna vez fue ejemplo regional en educación, enfrenta hoy una situación alarmante: 849 órdenes sanitarias en centros educativos, cientos de escuelas y colegios públicos se “caen a pedazos”, según han denunciado expertos, mientras el presupuesto del MEP para infraestructura educativa se redujo en más de ¢7.500 millones para este año. El abandono estatal no es solo sobre edificios deteriorados. En Tobosi, los estudiantes ni siquiera tienen espacio para recibir clases de Educación Física, utilizando el parqueo de la parroquia como “gimnasio”.
La situación en Tobosi es especialmente indignante porque revela la desigualdad abismal dentro del mismo sistema educativo público. Mientras algunos colegios cuentan con laboratorios modernos, canchas deportivas y bibliotecas equipadas, otros sobreviven pagando ¢4.300.000 mensuales por espacios inadecuados que la Defensoría de los Habitantes calificó como “provisionales e inadecuados”. Esta inequidad destruye el principio constitucional de igualdad de oportunidades educativas.
El director del Liceo de Tobosi lo expresó con claridad demoledora: “A nosotros nos piden resultados iguales a los de un colegio con infraestructura moderna, pero las condiciones no son comparables”. Esta frase debería resonar en cada despacho ministerial, en cada sesión del Consejo de Gobierno, en cada debate legislativo sobre presupuesto nacional.
Costa Rica no puede permitirse una educación pública de segunda clase. No es aceptable que en pleno 2025, con un presupuesto nacional de billones de colones, tengamos estudiantes recibiendo lecciones en salones parroquiales mientras esperamos que algún político de turno decida finalmente actuar. No es tolerable que las órdenes sanitarias se acumulen año tras año sin respuesta efectiva.
La educación pública no admite medias tintas. O garantizamos condiciones dignas para todos, o admitimos que hemos renunciado al sueño de un país próspero y equitativo.