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La Gaceta No. 137 del 17 de julio del 2014 publicó la Directriz No. 009-H, cuyo objetivo consiste en reducir el gasto público, y para ello se señala una serie de disposiciones a seguir dadas las potestades del Poder Ejecutivo para la determinación del quehacer estatal. Desafortunadamente, los lineamientos allí contemplados debieron analizarse a la luz de las necesidades de la sociedad y del buen funcionamiento del aparato estatal.
Para explicarme mejor, paso a señalar uno de los aspectos preocupantes. El artículo 1 establece que “no se crearán plazas en el Sector Público”, salvo que los jerarcas presenten ante el Ministerio de Hacienda las justificaciones del caso. A primera vista, parecería una propuesta lógica; sin embargo, son muchas las implicaciones que este cierre completo de la llave para la creación de plazas conlleva y debería individualizar cada caso.
Por ejemplo, si el Ministerio de Seguridad determina que requiere de 200 plazas policiales pues la criminalidad aumenta súbitamente y 70 de sus oficiales están prontos a pensionarse en razón de su edad, deberá atravesar el calvario de presentar ante la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria no sólo la documentación que justifique la insoslayable necesidad de contar con policías en las calles, sino que el papeleo que Hacienda considere necesario de previo a la autorización – lo cual puede llevar muchos meses hasta satisfacer los inacabables requerimientos que surgen a lo largo del proceso, y una vez aprobadas (si el jerarca tiene suerte), comenzará el martirio de obtener el presupuesto para el pago de los salarios.
Ya con las plazas, iniciará el proceso de selección de las personas para ocuparlas – de forma muy optimista unos 4 meses en caso de que exista una lista de elegibles-, con lo cual los nuevos reclutas ingresarían al Curso Básico Policial, con una duración de 10 meses. Para cuando salgan a las calles habrán transcurrido más de dos años y el problema habrá alcanzado dimensiones mayores.
No quiero decir que el sector público deba crecer a un ritmo insostenible, pues el Estado debe ser responsable en el manejo de sus ingresos para afrontar sus obligaciones. Sin embargo, me parece necesario un replanteamiento de la directriz citada que permita trabajar las situaciones de urgencia mediante un sistema expedito, pues también es obligación del Estado velar por el cumplimiento de sus deberes en todas las áreas que la Constitución Política y las leyes le han encomendado.
*Abogada