Opinión
En un mundo que avanza hacia una transición energética sin precedentes, Costa Rica no puede permitirse quedar rezagada en un aspecto clave: la infraestructura de electrolineras.
Aunque el país ha sido un referente en temas ambientales, la realidad del transporte eléctrico presenta un panorama preocupante. De acuerdo con un informe reciente de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), en Costa Rica circulan alrededor de 17.500 vehículos eléctricos, pero apenas existen 125 electrolineras distribuidas por todo el territorio nacional.
Este desbalance limita el potencial de crecimiento de la movilidad eléctrica y amenaza con convertirnos en observadores de un cambio global del que deberíamos ser protagonistas.
La transición hacia un transporte sostenible es una meta que requiere acción inmediata. No se trata solo de cumplir compromisos en materia de descarbonización, sino de responder a necesidades concretas de los costarricenses. Por un lado, el costo de los combustibles sigue siendo un lastre para la economía familiar y empresarial.
Por otro, el transporte público, lejos de ser una opción eficiente y sostenible, presenta deficiencias estructurales que obligan a muchos ciudadanos a depender del transporte privado. Ante este escenario, el impulso al vehículo eléctrico se presenta como una solución viable, siempre y cuando exista una red adecuada de estaciones de carga.
El papel del sector privado en esta transformación es crucial. La posibilidad de cambiar flotillas hacia un concepto verde no solo reduciría costos operativos a largo plazo, sino que también posicionaría a las empresas como referentes de sostenibilidad.
En sectores como el turismo, donde resulta fundamental la imagen de un país comprometido con el medioambiente, esta transición podría tener un impacto significativo. Pero, para que este cambio ocurra, el Gobierno debe garantizar las condiciones necesarias, incluyendo incentivos fiscales, marcos regulatorios claros y, una infraestructura adecuada.
Para los usuarios particulares, el acceso a una red de electrolineras confiable es también un factor determinante. Aunque los vehículos eléctricos representan un ahorro a largo plazo, la falta de puntos de carga genera incertidumbre y frena la adopción masiva. Si Costa Rica desea fomentar un cambio real en los hábitos de movilidad, debe priorizar la expansión de la infraestructura de carga rápida y accesible, especialmente en zonas rurales y periféricas, donde las opciones actuales resultan casi inexistentes.
Para avanzar, es necesario que el tema se coloque en el centro de la agenda nacional. La inversión en electrolineras debe ser una prioridad compartida entre el sector público y el privado. La Administración tiene la responsabilidad de liderar con políticas claras y recursos destinados a cerrar esta brecha, mientras las empresas pueden innovar y contribuir a un modelo más sostenible.
Este esfuerzo conjunto no solo beneficiará a quienes ya cuentan con vehículos eléctricos, sino que abrirá la puerta para que más costarricenses puedan adoptar esta tecnología, democratizando el acceso a un transporte más limpio y eficiente.
