Las informaciones publicadas en los medios de comunicación nacional y extranjeros acerca del conflicto de divorcio de dos adultos mayores, la señora Evangelina López Guzmán y Miguel Zaragoza Fuentes, propietarios de Gas Nacional Zeta, luego de 65 años de matrimonio y 11 hijos en su haber, llaman poderosamente a la reflexión y la meditación sobre los equilibrios la confianza y la justicia que deben imperar en los procesos judiciales de divorcio y división de gananciales que merecen todas las parejas que conviven en el marco del Estado de Derecho costarricense.
Ninguna persona está exenta de caer en la triste situación de un divorcio, la cual puede surgir por múltiples razones, sin embargo, cada persona merece un proceso, al amparo de los encargados de dirimir la justicia, que sean garantizados y protegidos sus legítimos derechos como pareja dentro del matrimonio, respetando así las medidas cautelares de todos los bienes en matrimonio antes de ejecutar la sentencia y la división de bienes gananciales, que no es otra cosa que el patrimonio que forjaron ambos durante tanto tiempo de convivencia legal como pareja.
La Corte Suprema de Justicia, los juzgados y los tribunales son los encargados de garantizar esa protección de forma transparente y en estricto apego a la independencia y la imparcialidad durante todo el proceso del divorcio, para que no existan balanzas inclinadas para alguno, y así que cuando llegue el momento de ejecutar la división de los bienes patrimoniales la justicia prevalezca de forma correcta.
Dudas surgen con las publicaciones de los medios mexicanos acerca del posible tráfico de influencias por parte de magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia en el conflicto de Gas Nacional Zeta que llaman a la reflexión acerca del equilibrio de la justicia en situaciones de divorcio, siendo este claramente un caso muy particular, por el nivel económico del esposo.
La denuncia del medio mexicano cuestionó la participación del hermano de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia y una exmagistrada pensionada de la Sala I como representantes del esposo; medida que provocó la correcta inhibitoria de los señoras y señores magistrados, sin embargo, más allá de las razones legales, debido al nivel de cercanía, ya sea familiar o de compañeros de trabajo, estimo que por la transparencia, tanto el exdiputado Luis Gerardo Villanueva, hermano de la presidenta de la Corte y la exmagistrada de la Sala I, Anabelle León, debe haber pronunciamientos públicos de los alcances y limitaciones del contrato laboral con el señor Miguel Zaragoza, y así no alterar el nivel de confianza de los costarricenses en la institución más importante del Estado de derecho.
Conozco a las personas mencionadas, a las cuales les tengo estima, alto concepto y respeto, y merecen la oportunidad de aclarar cualquier cuestionamiento, ya que la confianza, al igual que la reputación, son conceptos sublimes, sagrados, pero frágiles y sensibles, que se construyen por mucho tiempo, sin embargo, se pueden destruir en un instante, siendo muy difícil de recuperar y restaurar; por el bien del Estado de derecho, cualquier duda que surja en este conflicto debe ser evacuada.
Ante los cuestionamientos públicos, los costarricenses confiamos que los magistrados analicen de fondo y resuelvan de forma equilibrada conforme a Ley, para que permanezca por siempre la confianza del pueblo costarricense en el sistema judicial y en el Estado de derecho.
*Exdiputado y exdefensor
de los Habitantes