Nuestra Constitución Política establece el marco normativo de la educación pública superior. El artículo 84 hace referencia a la autonomía universitaria y el 85 a las fuentes de financiamiento, entre ellas la creación de un Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior Universitaria Estatal (FEES) que no puede disminuirse, solo ajustarse de acuerdo con la variación del poder adquisitivo.
Las universidades públicas y el Consejo Nacional de Rectores (Conare) preparan, cada cinco años, el Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal (Planes), donde se incluyen los gastos e indicadores de desempeño. Sin embargo, no existe ningún mecanismo que sancione el incumplimiento de esas metas; y aunque la Constitución establece que las universidades pueden considerar las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, no están obligadas a hacerlo.
Para 2025, el Gobierno propuso un aumento del 1% con respecto a 2024, por encima de lo establecido en la Constitución, que no fue aceptado por las universidades. Los rectores solicitaron un ajuste del 4,06%. La Contralora lo calificó de inalcanzable e indicó que debía ser de un 0,3%. Al no haber acuerdo, el Gobierno presentó un presupuesto de 576.087 millones de colones, el mismo de 2024. Este diferendo deberá ser resuelto por la Asamblea Legislativa.
La Contraloría aprueba y fiscaliza los presupuestos de las universidades.
Sin embargo, para mejorar la eficiencia, calidad y sostenibilidad de la educación superior, es necesaria una reforma constitucional que respete la autonomía universitaria y garantice:
- 1. Evaluación de resultados y rendición de cuentas.
- 2. Una distribución más equitativa. Hoy la UCR recibe el 51%, la UNA el 21%, el TEC el 11%, la UNED el 9%, la UTN el 7% y el Conare el 2%. Los recursos deben priorizarse a aquellas universidades con carreras de alta demanda laboral, por ejemplo.
- 3. Carreras que respondan a las demandas del mercado laboral.
- 4. Carreras de menor duración y con horarios que permitan al estudiante trabajar.
- 5. El fortalecimiento de la innovación e investigación y desarrollo mediante una mayor vinculación entre las universidades y el sector productivo. Costa Rica invierte alrededor del 0,5% del PIB en investigación, mientras que el promedio de la OCDE es del 2,5%.
- 6. Un presupuesto del FEES alineado con la capacidad económica del país. Las universidades deben generar sus propios recursos. El Gobierno les transfiere cerca del 80% de su presupuesto.
- 7. Aumentar el porcentaje del gasto destinado a becas para estudiantes en condición de pobreza y vulnerabilidad, mediante el uso del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios (Sinirube). Hoy es de un promedio del 11%.
- 8. Una mejor gobernanza del fondo que permita mayor participación del Gobierno en la toma de decisiones en áreas clave para el desarrollo nacional.
- 9. La revisión de la política salarial. El 70% del gasto total se destina a salarios, pluses y otros, y el acceso a la información sobre las remuneraciones es limitado.
El monto asignado al FEES debe responder a metas e indicadores de desempeño. La discusión no puede enfocarse únicamente en el financiamiento de la educación universitaria. Los diputados tienen la última palabra.
