No he sido amigo del expresidente de la República, Miguel Ángel Rodríguez Echeverría; a lo largo de los años, tal vez he conversado con él una o dos veces.
A pesar de no tener ningún vínculo de amistad con dicho exmandatario, me dolió profundamente el trato inhumano, antijurídico, humillante y degradante a que lo sometió el fiscal general de entonces, a su llegada libre y voluntaria a Costa Rica, cuando aún ostentaba el alto cargo de secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Todos lo recordamos, fue bajado del avión, no precisamente para llevarlo al salón diplomático, como según lo exigía el rango de su alta investidura, y entregarle allí un citatorio a fin de ser indagado posteriormente en la Fiscalía.
Para vergüenza del país y de quienes dieron esa ignominiosa orden, fue esposado en la escalinata del avión que lo transportaba e introducido en un vehículo carcelario, donde se transporta a los más peligrosos delincuentes y criminales.
Con saña inusitada fue paseado por las calles de la ciudad en un espectáculo circense, con el expreso propósito de que algunas personas lo ofendieran e hicieran escarnio de su persona.
Siempre he tenido mucho temor a los lugares cerrados, me causan claustrofobia. Si me introdujeran en un vehículo cerrado, peor aún en una denominada “perrera”, como se hizo con don Miguel Ángel, a no dudarlo, me causaría un infarto y allí acabaría mi existencia.
Todo fue planeado con las más aviesas y crueles intenciones por parte de la Fiscalía, posiblemente para satisfacer el ego del alto funcionario que lo ordenó.
Estas perversas actuaciones de quien ostentaba el cargo de fiscal general sugiere la conveniencia de que ese alto funcionario dependa de un órgano colegiado que vigile y supervise su actuar para evitar los abusos que se cometieron contra el expresidente.
Después de ese bochornoso espectáculo el Ministerio Público y los tribunales de la jurisdicción penal iniciaron su lenta marcha, lenta, muy lenta -quizás a propósito- violando los principios sagrados constitucionales y procesales de justicia pronta y cumplida.
Los procesos iniciados desde hace varias décadas todavía pasan de mano en mano en estrados, pues los funcionarios de esa jurisdicción se escudan en el anonimato que les depara su función.
En este caso y otros más los tribunales han quedado en deuda con la justicia y con el país.
Me pregunto qué será más cruel: el trato degradante sufrido por el expresidente o el largo periodo transcurrido sin que se le haya hecho justicia.
Guardo la esperanza de que en nuestra patria, donde en general se respetan los derechos humanos, no se vuelvan a repetir los actos de extrema crueldad que se cometieron contra el expresidente Miguel Ángel Rodríguez Echeverría.
Lic. Humberto Fallas Cordero
Abogado