El estado de derecho

La Asamblea Legislativa, el pasado lunes, decidió no levantarle el privilegio constitucional de la inmunidad al presidente de la República, por el voto de 21 diputados en contra y 34 a favor, como lo informó Extra, con sus fotografías a todo color y en primera página, el día martes. Se necesitaban 38 votos. 

En consecuencia, el juicio penal contra el ciudadano Rodrigo Chaves, por una acusación penal interpuesta por la Fiscalía General, queda pospuesto hasta el 8 de mayo del 2026 al medio día, cuando tenga que entregar la Presidencia de la República y no esté protegido por el fuero constitucional de la inmunidad.  

Es solamente, entonces, una cuestión de tiempo. El ciudadano Chaves tiene pleno derecho a una defensa profesional y siempre será juzgado por un tribunal común, aunque no por la Sala III, como corresponde en un Estado de Derecho. A menos que, por alguna razón política, recupere la inmunidad.

Respetamos la decisión de la Asamblea Legislativa. 

No la compartimos, porque un acto legislativo de naturaleza estrictamente jurídico y procedimental, fue resuelto negativamente bajo criterios subjetivos, políticos y electorales, por cuanto a los diputados no le corresponde, en absoluto, determinar la culpabilidad o inocencia del presidente de la República. De eso nunca se trató esa votación en la Asamblea Legislativa.

Esa función le corresponde, exclusivamente, al Poder Judicial y es ahí y solamente ahí, en donde se resolverá, en sentencia, respetando el debido proceso, el mérito o no de los hechos denunciados en el caso BCIE-Cariñitos. 

Vivimos en un país libre y soberano, regido por un sistema democrático de pesos y contrapesos, separación entre los cuatro poderes del Estado (Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial y Poder Electoral), en donde la soberanía reside en el pueblo y se expresa en las urnas electorales y se respeta, como norma superior y obligatoria para todos, sin excepciones de ninguna naturaleza, el Estado de Derecho. Ese es el punto de fondo y ninguno otro.

Sobre inmunidades… lo que sigue en la agenda legislativa y, en plena campaña electoral hacia febrero del 2026, es otra acusación penal, aún más grave, fundamentada en una extensa y objetiva investigación de dos años realizada por el Tribunal Supremo de Elecciones, uno de los Poderes de la República, sobre el “financiamiento paralelo e ilegal” de la campaña política del año 2022. 

Y así entramos…la próxima semana, arrancando octubre, a esta campaña electoral, en medio de profundas controversias, confrontaciones y broncas. 

Será el pueblo soberano, en las urnas, quien decidirá sobre el futuro que le espera a Costa Rica y si seguiremos o no viviendo en un Estado de Derecho.

¿Y usted que opina?