“El Diablo” y los “Azulitos”

La captura de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, se ha convertido en una verdadera pesadilla para las autoridades costarricenses. Este narcotraficante, con un extenso historial de crímenes que incluye homicidio, tráfico internacional de drogas y legitimación de capitales, representa no solo una amenaza directa para la seguridad nacional, sino también un síntoma alarmante de las debilidades estructurales del sistema policial y judicial del país.

Arias Monge, hoy considerado el criminal más buscado de Costa Rica, incluso es buscado por la DEA de Estados Unidos quien ofrece una recompensa económica por información que conduzca a su captura. 

Este gesto, inédito para un costarricense, revela la magnitud de su peligrosidad y el alcance de sus operaciones. No se trata de un delincuente común. Es un operador clave en las rutas del narcotráfico que conectan a Costa Rica con carteles internacionales, y su capacidad para mantenerse oculto evidencia redes de protección poderosas y una logística que solo puede sostenerse con complicidad interna.

En medio de esta persecución, lo más inquietante no ha sido únicamente su escape, sino la clara y repetida fuga de información desde cuerpos policiales. Según declaraciones del subdirector del OIJ, Michael Soto, Arias Monge ha recibido alertas anticipadas sobre operativos en su contra, lo que le ha permitido escapar, proteger su entorno y replegarse estratégicamente. 

Esta afirmación pone en tela de juicio la confiabilidad de quienes están llamados a proteger a la ciudadanía. ¿Cómo es posible que desde las propias filas del Estado emanen las filtraciones que mantienen libre a uno de los sujetos más peligrosos del país?

Debemos dejar claro que ningún delincuente, por poderoso que sea, tiene garantizada la impunidad en Costa Rica. Es el expediente judicial quien deja en claro que este personaje goza del apoyo de los “Azulitos”.

La situación exige una respuesta inmediata, valiente y transparente. El Ministerio de Seguridad, la Policía de Tránsito, la Policía de Control de Drogas (PCD) y el Organismo de Investigación Judicial deben revisar sus protocolos internos, establecer mecanismos independientes de control y depuración, e incluso considerar la colaboración externa con agencias internacionales en casos de alto perfil.

Porque si “Diablo” sigue libre, no es por falta de leyes ni de recursos, sino porque hay quienes, dentro del sistema, prefieren que así sea. Y esa realidad es mucho más aterradora que el propio apodo del fugitivo.