Editorial
Costa Rica se encuentra en un punto de inflexión demográfica que requiere una reflexión profunda y una acción inmediata. Los datos presentados por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) revelan una transformación que interpela a toda la sociedad: para 2080, aproximadamente cuatro de cada 10 habitantes serán personas adultas mayores, un cambio dramático que multiplica por casi cuatro el porcentaje actual de esta población.
Ese escenario no es solo una estadística, sino un llamado urgente a repensar el modelo de desarrollo, las políticas públicas y, fundamentalmente, la concepción del envejecimiento y el valor de cada etapa de la vida.
La actualidad ya muestra signos preocupantes. Un 26,6% de las personas adultas mayores viven en situación de pobreza, y hay un 5,7% en pobreza extrema. Más alarmante aún es que el 48,2% no recibe ningún tipo de pensión, lo que coloca a estas personas en una situación de vulnerabilidad económica crítica.
El Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Raúl Blanco Cervantes se ha convertido en un símbolo de esta crisis. Sus instalaciones, lejos de ser un refugio para el cuidado, representan un espacio que evidencia el abandono institucional. La falta de equipamiento, la ausencia de una infraestructura adecuada y limitaciones en el servicio de emergencias son solo algunos de los problemas que denuncian sus usuarios y la junta de salud.
La situación de las futuras pensiones, ante una población que crece más lentamente y se hace más vieja, es otro desafío que aún no hemos abordado con la seriedad que requiere y que ocupa de decisiones valientes, pero también bien analizadas.
El envejecimiento poblacional no es un problema, sino una realidad que requiere una respuesta integral. Implica transformaciones en múltiples ámbitos.
En el sistema de salud, se necesita un modelo que no solo atienda enfermedades, sino que promueva un envejecimiento saludable y activo.
Respecto a protección social, los sistemas de pensiones deben evolucionar hacia la universalidad, incorporando mecanismos de financiamiento innovadores.
Sobre infraestructura, urge adaptar espacios públicos, servicios y ciudades para garantizar la accesibilidad y dignidad de las personas mayores.
Y en el ámbito de la cultura es vital combatir el abandono y la discriminación, promoviendo una sociedad que valore y respete todas las etapas de la vida.
Los datos son contundentes. El número de casos de abandono de adultos mayores ha crecido exponencialmente. De nueve casos en 2014 a 89 en 2022, una multiplicación que refleja profundos problemas sociales y la desintegración de redes familiares tradicionales.
Las autoridades reconocen el problema. El Ministerio de Salud y el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam) buscan la ambiciosa meta de cero abandonos. Sin embargo, la solución requiere más que buenas intenciones.
Las recomendaciones de qué hay que hacer están ahí, no hay que inventarlas, sino ponerlas en práctica y en esto los gobiernos han quedado en deuda por años.
Algunas de las medidas necesarias son implementar el Sistema Nacional de Cuidados para consolidar este sistema como un pilar fundamental de protección social.
La inversión en infraestructura hospitalaria tiene que fortalecerse para construir centros especializados que cumplan con estándares de calidad y accesibilidad.
Y hace falta diseñar sistemas de pensiones tanto más inclusivos como justos, así como abocarse a la educación y sensibilización de la ciudadanía. De igual forma, es fundamental promover una cultura de respeto y valoración de los adultos mayores.
El Pacto del Futuro de Naciones Unidas ofrece un marco de referencia crucial. Necesitamos un diálogo genuino entre generaciones, reconociendo la riqueza de la experiencia de los mayores y su contribución al desarrollo social.
Costa Rica tiene la oportunidad de convertirse en un referente regional en el tratamiento de su población adulta mayor. No se trata solo de aumentar estadísticas de esperanza de vida, sino de garantizar que cada año adicional sea vivido con dignidad, respeto y calidad.