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La Asamblea Legislativa está estudiando la posibilidad de realizar una nueva reforma a la actual legislación laboral. Entre otras variaciones, se busca que la educación pública, la recolección de basura y la atención de la red de cuido sean declaradas servicios esenciales, razón por la cual en estas sería prohibido hacer huelgas.
También se pretende que los sindicatos tengan un correo electrónico para recibir así notificaciones y evitar que sus representantes se escondan para dilatar los procesos. Asimismo, se impulsaría un castigo a quienes bloqueen calles durante manifestaciones de trabajadores en huelga.
Si bien es cierto hay mucho que decir acerca de estas propuestas, hay una que quisiera analizar con mayor detenimiento. Esta tiene que ver con la iniciativa que permitiría rebajar de forma retroactiva el salario a quienes participaron en una huelga declarada ilegal. Hoy en día los juzgados de trabajo han interpretado que este rebajo no se puede realizar si los huelguistas regresan 24 horas después de declararse la ilegalidad del movimiento.
Es necesario señalar que la huelga es un derecho consagrado a nivel constitucional, establecido en el artículo 61 de nuestra Carta Magna. Igualmente, el Código de Trabajo señala que el propósito de la huelga es mejorar o defender los intereses económicos y sociales de una colectividad. Es decir, el propio ordenamiento reconoce a la huelga como un derecho y le da un propósito claro.
También es importante recordar que uno de los principios que rigen el derecho laboral es el de buena fe. Esto implica que, en buena teoría, cuando se hace un reclamo se debe entender que la parte que lo plantea lo hace para defender un interés legítimo y no solo para causar directamente un perjuicio a la contraparte.
Dicho todo lo anterior, quisiera plantear un escenario hipotético: ¿Qué pasa si hoy en día los operarios de una empresa creen ser explotados por su patrono y quieren cambiar esta situación? Pues tienen la posibilidad de ir a huelga, no para perjudicar a su patrono, sino para mejorar sus condiciones. Un juez dirá quién tiene la razón.
Si él considera que la huelga es ilegal, los trabajadores pueden regresar antes de 24 horas para no ser sancionados. Esta medida es razonable si se parte de la premisa que la huelga no fue solo para perjudicar a la contraparte, sino ejerciendo un derecho consagrado en la Constitución. Caso contrario, si se demostrara en sede judicial que hubo mala fe en el movimiento, en este escenario la sanción si sería válida y justificable.
¿Qué pasaría si se aprueba el cambio propuesto en la Asamblea Legislativa de rebajar los salarios ante declaratorias de ilegalidad sin darle oportunidad al trabajador de regresar ante de transcurrir las 24 horas?
Me temo que muchos trabajadores que de buena fe crean defender un derecho por medio de una huelga decidan no hacerlo por temor al rebajo de salario. Me preocupa que con la reforma planteada se parta de la premisa que todas las huelgas ilegales deben ser sancionadas, cuando en realidad algunas pueden estar motivadas en la creencia previa de que se está en una condición legítima para hacerla.
Comprendo que muchos están molestos por lo ocurrido con las recientes huelgas registradas en el país, pero creo que todo se resolvería si el proceso mediante el cual los juzgados resuelven la legalidad o ilegalidad fuera más célere y ágil. Si el tema se resolviera en cuestión de días y no en semanas, los efectos de un movimiento de este tipo serían mucho menos graves y al mismo tiempo no se afectaría el derecho a huelga de quienes creen tener una razón legítima para ejercerlo.