En un nuevo ejemplo de rigor, seriedad, planificación y transparencia, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) emitió el viernes 22 de noviembre el cronograma electoral para las elecciones generales programadas para el 1º de febrero de 2026.
Este dato, aparentemente menor, marca una diferencia notable en relación con otros países, donde sus procesos electorales se efectúan impregnados de incertidumbre, dudas e incluso cambios arbitrarios sobre la marcha, a gusto de quien detenta el poder político y que tornan en altamente previsible el resultado final de las justas.
Es decir, sin necesidad de perpetrar un fraude al estilo convencional caracterizado por la manipulación de aspectos del proceso el propio día de las elecciones, con decisiones adoptadas con mucha antelación al día de los comicios por parte de quienes tienen la responsabilidad de organizar y administrar el proceso, se va delineando su desenlace, en lo que se conoce como una suerte de fraude estructural.
Por lo anterior, la puesta en público de este cronograma con cada uno de los componentes más relevantes del proceso, así como con las fechas límite para su ejecución, deviene en un ejercicio de claridad para todos los actores directa e indirectamente involucrados, lo que a su vez les permite a varios de ellos, especialmente a actores clave como los partidos políticos, diseñar su propia planificación estratégica.
También permite a medios de comunicación, sectores de la sociedad civil e incluso instituciones del Estado definir sus planes de acción relacionados con el proceso electoral. A manera de ejemplo: grupos específicos interesados en realizar espacios de debate con aspirantes a cargos de elección popular, al acceder con la debida antelación al cronograma electoral, pueden prever las fechas idóneas para su realización.
De cara a este proceso, algunas fechas clave a mantener presentes son:
El 30 de noviembre de 2024 es la fecha límite para que el Poder Ejecutivo pueda variar la división territorial administrativa, aspecto esencial para la determinación de los distritos electorales por parte del TSE. Este tema es relevante porque permite la distribución de los electores en las juntas receptoras de votos distribuidas en cada distrito electoral y que, siguiendo la línea institucional del órgano electoral, tiene la finalidad de acercar lo más posible la junta a cada elector debidamente inscrito.
El 31 de enero de 2025, justo un año antes de la fecha de las elecciones, es clave para ir perfilando el panorama electoral. Por un lado, vence el plazo para la presentación ante el Registro Electoral de solicitudes de inscripción de partidos políticos que pretendan participar en los comicios y además es también el límite para que los jerarcas de los Supremos Poderes y de otros órganos estratégicos como la Contraloría General de la República, con aspiraciones de integrar una papeleta presidencial, presenten su renuncia formal al cargo ejercido.
Adicionalmente, es el último día para que el Tribunal Supremo de Eleccione fije el monto de la contribución del Estado al proceso político, tomando como base de cálculo el producto interno bruto a precios de mercado, según certificación extendida por el Banco Central de Costa Rica.
En definitiva, el 31 de enero constituye una fecha estratégica para tener una idea de cuántos partidos políticos podrían finalmente inscribir candidaturas; cuáles autoridades de Gobierno y de otros Poderes abiertamente poseen interés en postularse a la Presidencia y Vicepresidencias de la República y cuál será la cifra consolidada destinada por el Estado para el financiamiento electoral.
La totalidad de este cronograma es accesible a través del enlace: https://www.tse.go.cr/pdf/normativa/Cronograma-Electoral-para-Elecciones-Nacionales2026.pdf.
En definitiva, con la publicación del cronograma electoral puede afirmarse que las elecciones generales 2026 están en marcha.
