El incremento del crimen organizado durante los últimos años y los vínculos del narcotráfico con las instituciones públicas causan alarma en el Poder Judicial, que enfrenta una serie de señalamientos por los casos de funcionarios que han sido detenidos en las últimas semanas.
DIARIO EXTRA entrevistó a Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien efectuó una actualización del panorama que atraviesa el sector judicial en medio de la inseguridad del país.
¿Cuál es el panorama actual del Poder Judicial?
– Es un Poder Judicial comprometido con los problemas que nos han venido aquejando a todos los costarricenses, ahorita son muchos, pero especialmente el que más nos aqueja es la inseguridad que se está viviendo, que se debe al crecimiento del crimen organizado, que gira en torno al tráfico de las drogas. Hemos venido trabajando en todas las acciones que el Poder Judicial puede hacer dentro de sus competencias para producir alguna contención al fenómeno de la inseguridad, que debe ser enfrentado desde todos los sectores y ángulos; esto representa un sacrificio no solo en las personas por seguridad, sino también de recursos.
De parte del Poder Judicial, hemos puesto en la mesa de discusión proyectos de ley que han salido de aquí, del sistema judicial, para las discusiones legislativas.
¿Qué tanto los está limitando el tema presupuestario?
– Es claro que el tema económico resulta un elemento condicionante de lo que podemos hacer, el Poder Judicial lleva en los últimos años con un techo presupuestario, con un agravante, los requerimientos de la ciudadanía de los servicios judiciales se han venido incrementando, y además la Asamblea Legislativa ha venido promulgando leyes que representan nuevos servicios o con mayor extensión, lo que nos obliga a gastar más. Para ir atendiendo estas cosas, hemos tenido que ir limitando servicios, recurriendo a sacrificios económicos. Las Leyes de Empleo Público y de Finanzas Públicas son leyes que han implicado limitaciones y la eliminación de pluses salariales que antes se pagaban, todo esto ha llevado a una restricción, yo le llamo una estrangulación del sector público, en términos generales, y nosotros no nos escapamos de esa reducción.
¿Cuál es el desafío para evitar más salidas de funcionarios?
– A mí me parece que es necesario que los políticos entiendan que una restricción por una filosofía igualadora no es buena para tratar al Poder Judicial. Que la clase política entienda que las mejoras que nosotros requerimos en el ámbito salarial y de recursos para poder tener más personal y más calificado, que no son gastos, es que la gente lo ve como un gasto, pero no valoran que estamos invirtiendo en lo que es una mejora para reprimir el crimen organizado, que es el factor más importante en este momento que nos tiene cabeza abajo.
¿Cómo atender el tema de la mora judicial?
– La mora se presenta siempre como que es algo solo del Poder Judicial, lo mismo que pasa con el origen de la delincuencia, que se le vende la idea a la gente que es culpa del sistema de administración de justicia, y son cosas que no necesariamente tienen su origen o que sea culpa del Poder Judicial. Si nosotros vemos todo el paquete de casos que tenemos en el Poder Judicial, que anda por encima del millón de casos, usted dirá que es mucho, pero de todos esos hay que ver cuántos corresponden a procesos cobratorios, el incremento de los cobratorios ha sido muy grande.
Lo que nos obliga a nosotros emplear recursos para atender la avalancha de procesos cobratorios, se nos ha endosado ese paquete, un 67% corresponden a procesos cobratorios.
¿Cuáles factores aumentan los casos en el Poder Judicial?
– No significa que la mora judicial sea culpa de nosotros, que la gente no pague y tengamos esa avalancha de casos. El otro tema es el incremento de la criminalidad, no solo nos trae el incremento del proceso, sino de procesos complejos, porque intervienen muchos imputados y una cantidad considerable de abogados, por lo que se tornan complejos y difíciles de manejar. Hay un incremento no solo en la cantidad de casos a nivel criminal, pero que se vuelven muy complejos.
¿Qué prioridades tienen en proyectos de ley de seguridad?
– Nosotros hemos puesto en el tapete un proyecto que hemos considerado importante, como el de Ley de Ejecución de la Pena. Hemos puesto proyectos que tienden a modificar y agilizar temas como los allanamientos y de las intervenciones telefónicas. Algunos proyectos de Asamblea Legislativa son consecuentes con lo que hemos planteado nosotros o el Poder Ejecutivo, pero yo particularmente pienso que todos son importantes. Nos hemos puesto de acuerdo, no para aprobarlos, sino para priorizar su discusión, siempre respetando las competencias de los Poderes, y los diputados son independientes de lo que ellos van a valorar. Pero también esos proyectos tienen que venir aquí, porque eventualmente pueden tener incidencia en la organización y el funcionamiento del Poder Judicial.
¿Cómo están atendiendo inquietudes de funcionarios judiciales sobre seguridad?
– Nosotros lo sentimos a lo interno, cuando nuestros servidores judiciales, nuestros policías, nuestros jueces, se sienten amenazados, desde luego.
Tenemos algunos mecanismos de los cuales le brindamos alguna custodia y lo hacemos con los pocos recursos que tenemos, porque volvemos al problema de los pocos recursos. Hemos estado también preocupados con el tema de la infraestructura, la nuestra fue diseñada en tiempos pasados, ahora tenemos que preocuparnos por un diseño diferente, que comprenda el tema de la seguridad no solo de las personas que acuden a nuestras estructuras, sino también obviamente de nuestros servidores. Esta es una pata más del banco que tenemos que atender, no estaba en nuestro panorama, pero ahora tenemos que atender este este nuevo tema y lo estamos haciendo, estamos tratando de aplicarlo, incluso en lo que va a ser nuestro futuro en materia de infraestructura. Estamos presupuestando ¢2.400 millones en el tema de la seguridad, pero creo que es algo muy modesto apenas.
¿Qué tan complicada está la lucha de la penetración del narco en el Poder Judicial?
– El primer punto que hay que considerar, la primera puerta, es el ingreso al Poder Judicial. Debemos de tener un gran cuidado, porque precisamente cuando el narcotráfico o el crimen organizado en general quiere entrar en alguna institución entre comillas a trabajar. Por eso nosotros tenemos un gran cuidado, en primer lugar, a la hora de seleccionar a los jueces, para todas las personas que empiezan a trabajar para la judicatura, son personas que han sido objeto de un examen de vida muy exhaustivo, con el objeto de que no ingresen personas con algún nexo con el narcotráfico.
También puede haber personas que ingresan al Poder Judicial y durante su vida laboral, por alguna razón, se contaminan, muchas veces son técnicos, son muchachos jóvenes, que se reclutan y no se les encontró nada, pero con el correr del tiempo aquí pasa, hemos encontrado ya varios casos.
¿Hay funcionarios vinculados con el narcotráfico?
– Hemos tenido muchos casos de personas que han sido detectadas en estado de drogadicción, y en valoraciones iniciales no salió en ningún momento que estuvieran vinculadas a eso o en redadas policiales. Es una cosa que a uno realmente le duele. Hay mucha gente aquí a lo interno que se contamina, desde el punto de vista de pasivo, de personas que consumen drogas, son excepciones; pero lo que sí me preocupa es cuando encontramos gente a lo interno que se vincula o que se transformó durante su vida laboral para trabajar con el narcotráfico.
¿Debería cambiar la forma de elegir a los magistrados?
– Es un tema que hemos ido hasta la Asamblea Legislativa a hablar de él. Cada vez que se cambia un gobierno, los nuevos diputados vienen con la idea de cambiar, unos quieren que sea cada cuatro años y que fueran del partido político que tiene mayoría, o por mayoría simple; toda esa cosa, pero bueno, resulta que la Constitución construyó un sistema y lo blindó, en qué sentido, en que temas estructurales no los puede cambiar el Poder Legislativo ordinario.
Hay dos clases de Poder Legislativo, el originario, que es el constituyente, que es el que puede hacer y deshacer, cambiar las estructuras, y el derivado, yo tuve que ir allá (Congreso) a hacer unas explicaciones precisamente en tema de reformas.
¿Qué papel juega la Asamblea Legislativa?
– Cada vez que hay una Asamblea Legislativa, dos o tres proyectos vienen con la idea de cambiar estas estructuras y todos van a chocar con eso.
Fuimos allá a decirle a los diputados: “no, ustedes no pueden tocar esto, ustedes no pueden venir a decir que los vamos a rebajar”. Generalmente, este tipo de proyectos han terminado en los archivos o los van a pasar y, si se consultan a la Sala Constitucional, les van a decir que no pueden, porque no tienen competencia.