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Costa Rica enfrenta una crisis silenciosa que amenaza su futuro económico. Mientras el país se vanagloria de tener la electricidad más barata de Centroamérica con un precio de $0.14 por kilovatio hora, la realidad empresarial cuenta una historia muy diferente.
Las altas tarifas eléctricas están ahuyentando la inversión extranjera y limitando las oportunidades de crecimiento del sector privado nacional.
El viceministro de Energía, Ronny Rodríguez, ha sido claro al señalar que existe “un freno a la competitividad nacional debido a la inestabilidad del servicio eléctrico, así como el precio final que pagan las empresas”. Esta realidad se traduce en que industrias intensivas en energía, como los centros de datos, simplemente no lleguen al país.
Carlos Montenegro, director ejecutivo de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), confirma que “no se están promoviendo la atracción de inversión de proyectos que son intensivos en el uso de electricidad” debido a la insuficiente capacidad del sistema eléctrico nacional.
Aunque los datos muestran que Costa Rica mantiene tarifas competitivas frente a países como Honduras ($0.20) o El Salvador, la estructura monopolística de nuestro sistema eléctrico genera ineficiencias que se reflejan en sobrecostos para las empresas. Las rebajas aprobadas para 2025 oscilan entre un -13,81% para JASEC y un -3,47% en la CNFL, pero estos ajustes resultan insuficientes para atraer las industrias tecnológicas que Costa Rica necesita.
La dependencia de la energía hidroeléctrica, que en períodos de sequía obliga a recurrir a la quema de búnker, genera volatilidad en los precios que las empresas no pueden planificar. Esta incertidumbre es letal para la atracción de inversión de largo plazo.
El proyecto de Ley de armonización del sistema eléctrico nacional (expediente 23.414) permanece estancado en la Asamblea Legislativa, a pesar de que las modificaciones que plantea podrían abrir más el espacio al sector privado para atender la creciente exigencia energética del país, que según el plan de expansión requiere incorporar 2,500 MW en los próximos 15 años.
Es fundamental recordar que el sector privado es el principal generador de empleo de calidad en Costa Rica. Las empresas no piden favores; exigen condiciones mínimas de competitividad para poder invertir, crecer y generar empleos bien remunerados. Cuando el Estado mantiene estructuras monopolísticas que encarecen los insumos básicos como la electricidad, está directamente saboteando la capacidad del país para atraer inversión.
La apertura del mercado eléctrico no solo permitiría mayor competencia en la generación, sino que también habilitaría el libre acceso a las redes de transmisión y distribución, permitiendo que todos los participantes del mercado puedan comercializar los excedentes. Esta modernización es urgente y no admite más dilaciones.
Los diputados parecen haber olvidado que su función principal es legislar para el desarrollo del país. Mientras debaten temas mediáticos, proyectos fundamentales para la competitividad nacional languidecen en comisiones. La aprobación del proyecto 23.414 de apertura del mercado eléctrico y las jornadas 4×3 no son caprichos empresariales; son herramientas esenciales para que Costa Rica pueda competir en un mercado global cada vez más exigente.
El tiempo perdido en la Asamblea Legislativa se traduce en oportunidades perdidas para el país. Cada mes de retraso en la aprobación de estos proyectos representa empresas que no llegan, empleos que no se crean y un futuro económico que se aleja.
Costa Rica tiene el potencial para ser un nicho tecnológico y energético en la región, pero necesita legisladores que entiendan que la competitividad no se construye con discursos, sino con marcos regulatorios modernos que permitan al sector privado generar la riqueza que el país necesita.
La pelota está en la cancha de los diputados; esperemos que no la pierdan por más tiempo.