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Ante recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Costa Rica busca avanzar en materia de protección a los consumidores financieros.
Para ello, en la Asamblea Legislativa existe el proyecto de Ley N 24.616, del cual pronto se presentará un texto sustitutivo. Así lo señaló la ministra de Economía, Industria y Comercio (MEIC), Patricia Rojas, en el Programa Asiento Extra.
La jerarca hizo un llamado a los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos para avanzar con el proyecto. Caso similar con Cynthia Zapata, directora de Apoyo al Consumidor, quien adujo qué está es una deuda pendiente con la ciudadanía.
Este es un extracto de la entrevista:
¿Cuál es la finalidad del proyecto de protección al consumidor financiero?
Ya existe la Ley de Promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor que es un texto general para defender a los costarricenses. Sin embargo, el consumidor financiero requiere normas específicas y especiales que lo protejan contra fraudes y cláusulas abusivas en los contratos de adhesión.
¿En qué se diferencia el consumidor financiero del comercial?
La defensa se da una vez que le pasa algo al cliente del comercio y el Estado reacciona sobre la denuncia. En el caso del consumidor financiero debe ser más activo, hay que evitar que se den los abusos.
¿Cuál es la responsabilidad del consumidor en cuanto a estar informado?
Hay que hacer un trabajo de educación financiera, tenemos una brecha que eliminar. Pero, también estos contratos que le llegan a los usuarios deben ser de fácil comprensión. Claro que hay responsabilidad del consumidor, pero no debemos de dejar la carga solamente en el consumidor.
¿Cómo funciona en otros países la presentación de la prueba?
En casi toda legislación madura, la carga de la prueba está en quien más tiene posibilidad de probar las acciones y en estos casos es la entidad financiera. Con este proyecto queda en los proveedores de servicios financieros y se aplica el principio de que, en caso de duda, se va a resolver a favor del consumidor.
¿Cuál es el rol de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) en la protección?
La Sugef, específicamente, no tiene en su ley nada de materia con respecto a la defensa del consumidor financiero. Esta propuesta no pretende regular actores sino regular la actividad, pero en su relación con el consumidor. Nosotros no planeamos meternos en el campo de supervisión de la Superintendencia.
¿Cómo se hace la defensa?
Queremos replicar el procedimiento de los casos comerciales, los costarricenses van a tener esta instancia que es gratis, garantizada por el Estado y que la institución lo defienda en ese primer trámite que es la vía administrativa.
¿Cómo va a funcionar entonces la protección en materia financiera?
Se necesita un órgano especializado que cuente con abogados y economistas para demostrar, por ejemplo, si un contrato ha tenido una cláusula abusiva. El proyecto de ley está proponiendo un canon para financiar las labores.
El criterio de la Oficina del Consumidor Financiero es que el MEIC es institución política y no técnica.
Esa es una apreciación de ellos. Nosotros hemos hecho un trabajo muy bueno en defensa del consumidor, tenemos la experiencia y el mecanismo para garantizar esa imparcialidad. Los que resuelven son los comisionados que son independientes, están descentralizados y tienen la decisión final.
En los últimos 11 años se han presentado ocho proyectos de ley y ninguno prosperó. ¿Cuál es plan para que esta propuesta avance?
Se está trabajando con los diputados en la Comisión de Económicos en un texto sustitutivo que ya está listo. Nosotros hicimos una propuesta, pero siempre hay cosas que se pueden mejorar. Este nuevo documento, lleva esas preocupaciones de algunos diputados, sectores u opositores para que vaya lo más claro posible.
¿Qué pasaría entonces con todos los contratos que ya están vigentes?
En caso de aprobarse la Ley, los contratos vigentes se tienen que ir cambiando, ajustándolos paulatinamente a lo que las nuevas disposiciones establecen. También hay una serie de directrices que se van a emitir que van a ser de aplicación inmediata.
Y en el caso de las estafas bancarias, ¿qué indica el proyecto?
Hoy en día es el consumidor quien debe probar que la estafa no fue su culpa, si se aprueba el proyecto de ley sería el banco o entidad financiera quien debe probarlo.
¿Qué pasa con las empresas que no están reguladas?
Esto tiene que ver en la forma que visualizamos hoy el mercado: Entidades reguladas y no reguladas. Eso se acabó con este proyecto de ley, la visión es regular la actividad del crédito, sin importar quién lo preste.
Patricia Rojas
Ministra de Economía
“Esto es una labor que debe ser tutelada por el Estado, que es un tercero imparcial en el caso. La Oficina de Consumidor Financiero, es parte del mismo proveedor porque es financiado por los bancos”.
Cynthia Zapata
Directora de Apoyo al Consumidor
““La defensa del consumidor está planeada para poder atender las denuncias, pero en materia de consumidor financiero, una vez que las denuncias surgen, ya hay mucho daño hacia los costarricenses”.

