El Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior (FEES) constituye el mecanismo de financiamiento de las universidades estatales; desde el primer día de creación de la UCR se sintió la necesidad de asegurarle recursos de manera permanente, algo que no se ha logrado aún.
En el año 1981 se reformó el artículo 85 de la Constitución el que, a partir de esa fecha, señala que el Estado dotará de patrimonio propio a las universidades públicas y les creará rentas propias, independientemente de las originadas por ellas. Además, mantendrá un fondo especial para el financiamiento de la Educación Superior Estatal que será administrado por el Banco Central y, cada mes, lo pondrá en dozavos, a la orden de las universidades. Las rentas de ese fondo especial no pueden ser abolidas ni disminuidas, si no se crean, simultáneamente, otras mejoras que las sustituyan. Conare debe preparar un plan nacional para esta educación, tomando en cuenta los lineamientos que establezca el Plan Nacional de Desarrollo vigente. En él, se incluirán tanto los egresos de operación como los egresos de inversión que se consideren necesarios para el buen desempeño de las universidades estatales. El Poder Ejecutivo incluirá, en el presupuesto ordinario de egresos de la República, la partida correspondiente, señalada en el plan, ajustada de acuerdo con la variación del poder adquisitivo de la moneda.
Termina indicando este artículo que cualquier diferendo que surja, respecto a la aprobación del monto presupuestario del plan nacional de Educación Superior Estatal, será resuelto por la Asamblea Legislativa.
Los rectores y el Gobierno no lograron ponerse de acuerdo sobre el monto en que se incrementaría dicho fondo para el año 2025, por lo que le corresponderá a la Asamblea Legislativa resolver, por vez primera, el diferendo entre ambas partes el cual no es jurídico, ya que el monto del FEES para el 2025 no se está disminuyendo ni existe una violación a la Constitución.
Si los diputados optan por darle más recursos a las universidades tendrán que recortar otras partidas y justificar el aumento otorgado que iría en detrimento de la educación infrauniversitaria, que tiene necesidades más acuciantes, y cuya solución se viene postergando desde hace muchos años.
La Contraloría deberá rendir un dictamen sobre el proyecto de presupuesto de la República que proponga el Poder Ejecutivo, el cual será valorado en su momento. ¡Ojalá que la discusión legislativa gire en torno a los intereses de la educación costarricense y no tanto sobre la simpatía o discrepancias que se tenga con el presidente de la República!
*Miembro del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica