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Fernando Berrocal
Exministro de Seguridad Pública
Hace unos días, un grupo de pescadores costarricenses fueron detenidos en aguas territoriales del El Salvador, con sus lanchas cargadas de cocaína.
No se le dio ninguna importancia oficial a esta noticia. Sin embargo, es gravísima y está vinculada a la narcoactividad y sus actividades en nuestro país, desde hace muchos años. Me explico y puntualizo:
Un día cualquiera, hace 17 años, el ministro de Seguridad Pública y el fiscal General, fuimos informados por nuestras contrapartes de Colombia que, en una operación militar en la frontera con Ecuador, habían bombardeado el principal campamento de las FARC y encontrado ahí las computadoras de ese grupo terrorista, en que aparecían varias informaciones sobre Costa Rica.
Puntualizo dos:
1.- La existencia de una caleta con US$500.000 en una casa en un pueblo de Heredia que servía de caja chica para financiar las operaciones políticas internacionales de las FARC, desarrolladas en y desde Costa Rica.
En un operativo conjunto de la PCD, DIS y OIJ, incautamos la caleta y se entregó esa suma al ICD, responsable por ley de recibir y hacer uso de esos recursos.
2.- La presencia en territorio nacional de Martínez Quinto, un alto mando de las FARC, responsable de crímenes brutales en Colombia, cuya misión era “penetrar la flota pesquera” y ponerla al servicio de la narcoactividad.
Martínez Quinto era un criminal que, en un pequeño pueblo colombiano, había asesinado a una docena de hombres, mujeres y niños en una iglesia católica e incendiado el templo, para imponer el terror y así obligar al silencio y la colaboración campesina con las FARC.
Lo tenían protegido y enfriando en una finca en las montañas de Coronado y su misión era “penetrar la flota pesquera” para ir subiendo la cocaína, del sur hacia el norte, por el pacífico hacia México.
Se capturó a Martínez Quinto un viernes a las cinco de la tarde y por un artículo vigente de la ley de Ministerio de Gobernación que autoriza la “expulsión de extranjeros perniciosos”, no judicializamos el caso, lo trasladamos a la Sección Aérea y en una avioneta lo enviamos esposado la madrugada del sábado a la isla de San Andrés y se entregó a las autoridades de Colombia.
Así como las FARC, en ese entonces, estaban metidas en Costa Rica; también una parte de la flota pesquera nacional ha estado involucrada desde hace muchos años con la narcoactividad internacional. Esa es la pura verdad.
También lo es que el tema de seguridad no es sólo policial.
Es integral y obliga a efectivas políticas económicas y sociales paralelas. Pero aquí todo sigue igual o peor… ¿Hasta cuándo?
¿Y usted qué opina?