Quiero hacer pública una parte de mi vida que pocos conocen. Lo hago para sacar a la luz, como surgió a la palestra pública, una nueva clase política encabezada por el Partido Acción Ciudadana (PAC). La historia debe darle el lugar a cada persona en este proceso y las consecuencias de sus actos.
En 1982 fui reclutado por la Embajada de Estados Unidos para ser entrenado como oficial de inteligencia y analista de seguridad. Serví en una época de Guerra Fría, siendo los regímenes de izquierda y sus asociados en Costa Rica nuestro principal menester. Me acostumbré a analizar información y a confeccionar patrones y matrices que les permitieran a mis superiores la toma de decisiones y los requerimientos de investigación y la prioridad de los mismos.
En 1992 me gradué de abogado y elegí las ciencias penales como medio de sustento. Fui también director de la Unidad Preventiva del Delito (UPD) en 1993.
Para 2003, en diciembre para ser exacto, me contrataron para investigar el homicidio del comunicador Parmenio Medina Pérez, yo figuraba como uno de los abogados defensores.
Para la audiencia preliminar presenté pruebas ante el Juzgado Penal de Heredia que demostraban que el Ministerio Público de ese entonces, encabezado por Francisco Dall’Anese Ruiz, había obtenido el testimonio de un testigo de la corona perdonándole dos causas por secuestro extorsivo y a dos testigos más que apuntaban la versión del testigo de la corona, eximiéndolos penalmente de 11 causas por asalto a mano armada.
Ambas afirmaciones sustentadas en los expedientes judiciales 03-000798-059 PE y 01- 090013-0059 PE.
En este caso era lógico suponer que los testimonios obtenidos de esa manera eran prueba espuria, cuyo destino era la nulidad absoluta. Pero no fue así, Dall’Anese obtuvo el respaldo de toda la judicatura hasta las últimas instancias; es decir, hasta la Sala Tercera, presidida en ese entonces por José Manuel Arroyo Gutiérrez.
El caso Parmenio le dio al fiscal general de ese entonces la reputación y la credibilidad necesaria en los medios de comunicación para emprender los casos en contra de los expresidentes Rafael Ángel Calderón y Miguel Ángel Rodríguez. También era un tubo de ensayo de la figura del testigo de la corona.
Por ejemplo, a José Antonio Lobo como testigo de la corona contra Miguel Ángel Rodríguez.
Todos estos procesos estuvieron colmados de yerros procesales que no soportaban el tamiz de cada instancia hasta la Sala Tercera, presidida por el magistrado Arroyo.
El sábado 31 agosto de este año Jorge Chavarría Guzmán, exfiscal del Ministerio Público, denunció presiones hacia su persona cuyo origen provenían de Ottón Solís y el magistrado Arroyo, según lo publicó el DIARIO EXTRA (https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/397502/otton-solis-presiona-exfiscal-para-afectar-enemigos-politicos)
Ahí aseguró el exfiscal Chavarría ante el periodista Greivin Granados la presión ejercida por Ottón Solís contra Chavarría con ocasión de un recurso de casación que presentó el Ministerio Público para acusar al expresidente Miguel Ángel Rodríguez.
Ottón Solís pretendía, para perjudicar a Rodríguez, que el exfiscal redactara un artículo para explicar por qué debía ser condenado el expresidente. Pero debía dárselo a Solís para que este lo firmara como si fuera suyo y publicarlo en un medio de comunicación nacional. Este accionar, según el exfiscal, era antiético de parte del fundador del PAC.
A mi juicio aquí se da un patrón muy claro:
a) El uso de la figura penal testigo de la corona.
b) Un fiscal general actuando de forma inapropiada contra el criterio de efectos legales.
c) Un sistema de judicatura complaciente con los yerros judiciales.
d) Un sistema jurídico penal ocupado para desaparecer del mapa político a políticos prominentes con pruebas dudosas y obtener de manera espuria.
E) Políticos opositores (Partido Acción Ciudadana) presionando a funcionarios judiciales para obtener condenas.
Por otra parte, en ese mismo artículo periodístico se denuncia la presión ejercida por el magistrado Cruz (hoy presidente de la Corte) y el exmagistrado José Manuel Arroyo Gutiérrez con respecto a la investigación por las finanzas en campaña del PAC.
Se me eriza la piel al unir las piezas de este rompecabezas. Se trata de un cartel judicial al servicio de un nuevo grupo de poder, quitando la competencia de su camino y eliminando cualquier investigación en su contra. Un Poder Judicial politizado.
Estos elementos analizados de manera integral merecen ser revisados por un foro legislativo.
Los artículos 22 y 23 del Código Procesal Penal no deben ser suprimidos, sino replanteados en su articulación, de tal forma que sirvan como instrumento para investigación de casos criminales complejos y no como herramientas de manipulación al servicio de los poderosos. Debería realizarse una audiencia previa que determine si el testigo de menos imputación califica como testigo de la corona y no como se ha estado usando en la actualidad.
Finalmente, una comisión investigadora debe sentar en el juicio de la historia a Francisco Dall’Anese Ruiz, Jorge Chavarría Guzmán, Ottón Solís Fallas y al flamante garante ético del PAC.
*Abogado y analista criminal