El calvario de Alto Chirripó refleja nuestro abandono histórico

Editorial

Fecha de publicación:

Fecha de modificación:

Las denuncias de la Unión Médica Nacional sobre las condiciones insalubres en los servicios de salud de Alto Chirripó no son simplemente un problema administrativo de la Caja Costarricense de Seguro Social. Son el reflejo más descarnado de una realidad que Costa Rica ha preferido mantener en las sombras: el abandono sistemático y estructural de las poblaciones indígenas.

Cuando la doctora Marianella Romero describe médicos durmiendo en consultorios, tapando huecos de paredes con bolsas de basura y atendiendo pacientes en el suelo porque las camillas están descompuestas, no está relatando una anécdota aislada. Está documentando el resultado de décadas de políticas públicas que han relegado a los pueblos originarios a una ciudadanía de segunda clase.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el 70% de hogares indígenas presentan necesidades básicas insatisfechas en temas imprescindibles como salud, educación y vivienda, mientras que el promedio nacional llega al 24%. Esta disparidad no es un accidente estadístico; es el producto de una desatención institucionalizada.

Costa Rica alberga 104,143 indígenas que representan el 2,4% de la población total, según algunas estimaciones más recientes. Sin embargo, esta minoría significativa enfrenta tasas de pobreza estructuralmente más altas que cualquier otro grupo poblacional del país.

El problema de la salud es solo la punta del iceberg. Las condiciones de desigualdad en el acceso y permanencia en la educación, la salud y el trabajo, genera mayores niveles de pobreza en los pueblos indígenas. Es un círculo vicioso donde la exclusión genera más exclusión.

Los territorios indígenas enfrentan desafíos adicionales como el despojo de tierras, la falta de acceso a agua potable, la carencia de conectividad digital y la ausencia de oportunidades económicas sostenibles.

Las autoridades tienen la responsabilidad institucional de corregir estas inequidades, pero la ciudadanía costarricense tiene la responsabilidad moral de exigir que lo hagan. El silencio cómplice de una sociedad que prefiere ignorar estas realidades es parte del problema.

Costa Rica ha construido su narrativa nacional alrededor de logros en educación y salud pública que sistemáticamente han excluido a las poblaciones indígenas.