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El pasado 28 de octubre, la presidente de la República, Laura Fernández, expresó que no firmará y que archivará el Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés).
¿Qué señala la Economía como ciencia respecto al libre comercio?
En 1817, David Ricardo desarrolló la teoría de las ventajas comparativas. Este es un modelo matemático sencillo que cualquier estudiante de colegio puede entender y en donde se demuestra que el libre comercio (cero aranceles) es la política comercial más ventajosa para cualquier nación, incluso cuando los socios comerciales mantengan posturas proteccionistas.
No importa si los socios comerciales son más eficientes en la producción de todos los bienes y servicios; el principio de las ventajas comparativas sostiene que el libre comercio maximiza siempre el bienestar general.
Cuando Paul Samuelson, premio Nobel en Economía, fue presidente de la International Economic Association, pronunció en 1969 el discurso “The Way of an Economist” para inaugurar el Tercer Congreso Mundial de dicha organización. En ese discurso, cuenta Samuelson que fue miembro de la Society of Fellows de la Universidad de Harvard al mismo tiempo que el matemático Stanislaw Ulam.
En ese entonces, Ulam molestaba a Samuelson retándolo a que “nombrara una proposición de todas las ciencias sociales que a la vez fuera cierta y no trivial”. Pasaron treinta años para que Samuelson le pudiera responder: “La teoría Ricardiana de las ventajas comparativas; la demostración que el [libre] comercio es mutuamente rentable incluso cuando un país es absolutamente más -o menos- productivo en términos de todos los bienes”.
Otro axioma fundamental de la Economía establece que el bienestar de una nación está directamente relacionado con su capacidad de consumo. La teoría de las ventajas comparativas demuestra que las posibilidades de consumo alcanzan su punto máximo cuando se suprimen los aranceles y las barreras no arancelarias.
Si el agricultor nacional carece de capacidad para competir, no es por falta de esfuerzo, sino por el exceso de Estado, el abuso de impuestos, las regulaciones asfixiantes, la existencia de monopolios y oligopolios creados por ley; y unas cargas sociales que encarecen la producción a tal punto que impide competir a nivel internacional.
Si el objetivo de la presidente Laura Fernández fuese el bienestar genuino de Costa Rica, se priorizaría la eliminación arancelaria total en el menor tiempo posible, complementada con una disminución de la intervención estatal para mejorar nuestra competitividad.
Por el contrario, si pretende beneficiar a grupos de presión del sector agrícola con el fin de explotar al consumidor en un acto perverso, entonces no firmar el acuerdo y archivarlo es la decisión “correcta”.