Ejecutivo y Legislativo presentan querella contra magistrados de la Sala IV
Gabinete en pleno arribó junto a los 31 diputados oficialistas
La división entró en una fase de tensión tras la presentación de una querella penal por prevaricato contra cuatro magistrados de la Sala Constitucional.
El acto, liderado por la presidenta de la República, Laura Fernández, y la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, representa una respuesta directa a la reciente decisión del tribunal de prorrogar el nombramiento de magistrados suplentes ante la falta de designación por parte del Congreso.
Un “golpe de Estado” desde la Corte
La comitiva, integrada por el gabinete en pleno y la bancada oficialista, caminó hacia la Corte Suprema de Justicia en lo que se calificó como un movimiento masivo de respaldo a la soberanía legislativa. Para la mandataria Fernández, la resolución de la Sala IV no es una simple interpretación jurídica, sino una afrenta directa a la democracia.
“Lo que estamos viviendo es un grave ataque a la división de poderes por parte de cuatro magistrados que desconocen a la Constitución Política de nuestro país”, sentenció Fernández frente a los medios.
La presidenta fue más allá al calificar el accionar judicial como un “golpe de Estado” contra el Congreso, asegurando que “cuatro magistrados de la Sala Constitucional se creyeron dueños de la verdad, dueños de la Ley. Se creyeron jueces y parte y el pueblo de Costa Rica no les va a autorizar jamás”.
Fernández advirtió que su silencio ante lo que denomina una “barbaridad” significaría la caída del orden democrático y del respeto institucional.
Los magistrados señalados en la querella son Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal, Ingrid Hess Herrera y Jorge Araya García.
La defensa de la soberanía parlamentaria
Por su parte la jefa del primer Poder de la República, defendió la potestad exclusiva de la Asamblea Legislativa para realizar nombramientos, calificando la prórroga ordenada por la Sala como una violación grosera del artículo 158 constitucional.
“Esto ha sido una clara usurpación de competencias de los magistrados de la Sala Constitucional ante las competencias de la Asamblea Legislativa”, afirmó Jiménez.
La legisladora criticó que los magistrados establezcan “prórrogas antojadizas” y señaló que el Poder Judicial está
destruyendo su propia imagen ante el pueblo.
La retórica de Rodrigo Chaves
Desde el Poder Ejecutivo, el respaldo a la querella fue absoluto. El ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves utilizó un lenguaje punzante para referirse a los miembros del tribunal constitucional, a quienes tildó de “filibusteros”.
“La Constitución dice lo que los constituyentes decidieron que dijera, no lo que a cuatro filibusteros magistrados se les pegue la gana decir”, manifestó Chaves.
El exmandatario cuestionó la legitimidad de la interpretación judicial, calificándola como una “usurpación ilegítima del derecho” y una afrenta inaceptable para la ciudadanía. Además, Chaves lanzó una dura crítica personal contra los magistrados, mencionando que “por algo no los dejan viajar a los Estados Unidos de América porque los consideran un peligro para la estabilidad” de ese país.
El análisis jurídico
A pesar del fervor político, el análisis técnico-legal ofrece una perspectiva más cautelosa. El abogado constitucionalista Fernando Zamora explicó que el prevaricato es un delito que ocurre cuando un funcionario emite resoluciones sustentadas en hechos que sabe falsos, actuando con dolo y premeditación contraria a la ley.
Según el criterio de Zamora, la querella enfrenta un camino cuesta arriba en los tribunales.
“Veo bastante difícil que pueda tenerse por demostrado un prevaricato, porque… difícilmente podríamos hablar de hechos falsos”, señaló el experto.
Zamora sostiene que los magistrados aplicaron una interpretación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para resolver un problema de administración de justicia ante un vacío normativo.
“Simplemente lo que hay es la aplicación de una interpretación… para que se tengan por prorrogados dos nombramientos, no eternamente, es mientras los diputados eligen”, detalló Zamora, subrayando que se trata de una medida excepcional y temporal para evitar que el sistema se detenga.
El caso plantea ahora una paradoja jurídica: los magistrados titulares de la Sala IV, al ser los acusados, deberían abstenerse de conocer el proceso en Corte Plena, lo que obligaría a integrar el tribunal con magistrados suplentes.